Los vecinos del número 19 del Paseo del Hospital Militar han decidido tomar acciones legales ante lo que consideran una situación insostenible con un inquilino problemático. Este inquilino, que no estaría al corriente de los pagos de su renta, ha sido señalado por los residentes como un ‘inquiokupa’, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y conflictos en la comunidad durante más de un año.
Las quejas comenzaron a aflorar en septiembre de 2025. Desde ese momento, los habitantes del edificio han reportado fiestas ruidosas y contínuas alteraciones en la convivencia. Uno de los residentes, Álvaro Pascual, ha comentado que la presencia constante de desconocidos en el edificio ha creado un clima de temor entre los vecinos. Este trasiego de personas, junto con comportamientos sospechosos en las zonas comunes, ha llevado a algunos a especular sobre posibles actividades ilegales.
Las autoridades se han visto involucradas tras el aumento de incidentes. Los vecinos denunciaron que el inquilino ha realizado enganches ilegales a los servicios de luz y gas. Este tipo de actos provocaron que, en enero de 2026, la comunidad se quedara sin calefacción durante un fin de semana, justo en una de las olas de frío más intensas del invierno.
La denuncia formal se registró el 27 de enero ante la Policía Nacional. Este acto se produjo tras un incidentes violentos, donde el inquilino y su pareja fueron detenidos. Los vecinos mencionan que este no es un hecho aislado; ya en septiembre de 2025, el inquilino fue arrestado tras una fuerte discusión con otra mujer.
Ana Castillo, administradora de fincas, ha enfatizado que la situación ha perjudicado a todos los residentes. Su diagnóstico incluye la afirmación de que el inquilino ha ocasionado innumerables problemas en la convivencia. No solo afecta a la comunidad, sino también a la calidad de vida de cada uno de los propietarios.
Además, algunos vecinos están preocupados por la posibilidad de que en el edificio se esté operando un punto de venta de drogas. Esto surge a partir del constante movimiento de personas sospechosas y del abuso evidente de los telefonillos para acceder al bloque. Pese a estas alarmas, la Policía no cuenta con denuncias que puedan sustentar tales afirmaciones de actividades delictivas.
La comunidad sigue lidiando con una serie de problemas derivados de la situación con el inquilino. La búsqueda de soluciones está en curso, pero aún queda por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos. La respuesta municipal a esta crisis no se ha materializado, dejando a los residentes en una incertidumbre sobre el futuro inmediato de su convivencia.