El departamento de Intervención del Ayuntamiento de Benavente ha vuelto a encender las alarmas sobre la gestión económica municipal. El informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2025 revela que el gasto en productividades, horas extraordinarias y gratificaciones al personal superó en más de un 127% las previsiones iniciales aprobadas en el presupuesto.
En cifras concretas, el desembolso total en estos conceptos alcanzó los 324.940 euros, muy por encima de los 142.800 euros contemplados al inicio del año. La interventora municipal advierte de que, aunque no se rebasaron los límites legales globales, sí se excedieron las previsiones iniciales recurriendo a la llamada bolsa de vinculación.
El desglose del gasto muestra que las gratificaciones por servicios extraordinarios al personal funcionario sumaron 139.140 euros, las horas extras del personal laboral ascendieron a 84.875 euros y las productividades superaron los 100.925 euros.
Uno de los puntos más críticos del informe es la ausencia de un reglamento de productividades que regule de forma objetiva su concesión. La Intervención recuerda que este complemento debe estar vinculado al rendimiento individual y a objetivos concretos y previamente fijados, y que no puede asignarse de manera fija, periódica ni generalizada entre los empleados.
En materia de contratación, el informe pone el foco en el uso excesivo del contrato menor, una figura que en principio está pensada para compras y servicios de pequeña cuantía pero que en el Ayuntamiento de Benavente representa un porcentaje muy elevado del total de contrataciones. La Intervención ha formulado reparos en aquellos casos en que los contratos superaban los umbrales legales o se prolongaban más allá del plazo máximo permitido, lo que apunta a un posible fraccionamiento irregular de contratos.
Las subvenciones municipales tampoco escapan a las advertencias. El informe señala que el Ayuntamiento carece de una ordenanza general reguladora de subvenciones y de un plan estratégico en la materia. Además, la falta de recursos humanos y materiales en el propio departamento de Intervención impide llevar a cabo un control financiero posterior sobre los beneficiarios de las ayudas concedidas.
El documento concluye reclamando mayor rigor en la planificación presupuestaria y en la gestión del personal, y pide al gobierno local que refuerce los mecanismos de control interno para garantizar una administración más transparente y ajustada a la legalidad vigente.
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