El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, lanzó este martes una dura acusación contra el ejecutivo regional: asegura que sus alegaciones contra la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la ‘ley de nietos’, podrían dejar sin derecho al voto a cerca de 400.000 personas en España.
Martín no se anduvo con rodeos al valorar la postura de la Comunidad de Madrid ante esta normativa. «Andan continuamente cacareando con la convocatoria electoral, pero qué miedo le tienen al voto», afirmó en declaraciones a la prensa.
El delegado subrayó la contradicción que, a su juicio, supone que un gobierno que presume de defender la democracia impulse acciones legales que podrían privar a cientos de miles de ciudadanos de un derecho fundamental. En su opinión, la Comunidad pretende que la Justicia sea la que ejecute ese recorte democrático.
Se trata de personas que ya pudieron ejercer su derecho al sufragio en las elecciones de 2023, una vez que la Ley de Memoria Democrática había entrado en vigor el año anterior. Quitarles ahora ese derecho supondría, según el delegado, una marcha atrás sin precedentes en materia de derechos civiles.
A pesar de la dureza de sus palabras, Martín se mostró confiado en que la resolución judicial sea favorable a los afectados. Confía en que finalmente «prevalezca el derecho fundamental al voto» y en que los tribunales adopten la decisión que, a su entender, corresponde en derecho.
Para cerrar su intervención, el delegado lanzó un mensaje directo al Partido Popular: le pidió que estuviera «más tranquilo» y que tuviera «más respeto a la democracia», una frase que resume la tensión política que rodea este asunto en la capital.
El debate sobre la ‘ley de nietos’ sigue siendo uno de los puntos de mayor fricción entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, y todo apunta a que los tribunales tendrán la última palabra en un asunto con un enorme impacto cívico.
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