Un juzgado de Valladolid ha condenado a un adolescente por comportamientos inapropiados hacia una menor, ocurridos en agosto de 2024. El tribunal ha delimitado la acción como un delito leve contra la dignidad, corrigiendo una sentencia anterior que había absuelto al agresor.

La sentencia se refiere a incidentes que tuvieron lugar durante las fiestas de una localidad cercana. En un entorno festivo, el menor se ofreció a enseñar a una chica de 15 años algunas técnicas de lucha, lo que resultó en tocamientos no consentidos. Este comportamiento suscitó preocupación entre familiares y testigos.

La víctima informó a su padre de lo sucedido, quien presentó la denuncia dos semanas después de los hechos. Este hecho impulsó al Juzgado de Menores a abrir un expediente de reforma que daba inicio a un proceso penal correspondiente a un menor.

La primera decisión del Juzgado fue absolver al acusado de agresión sexual, resolución que fue apelada ante la Audiencia Provincial por la parte afectada. La menor y su familia argumentaron que la conducta del acusado se alejó de los estándares de conducta aceptables, insistiendo en que la absolución no coincidía con precedentes judiciales.

La audiencia provincial admitió el recurso, señalando que aunque la conducta del menor no alcanzó el nivel de violencia requerido para ser clasificada como agresión sexual, sí constituyó un acto condenable por su connotación sexual. El caso ha resaltado el problema de la conducta inapropiada entre menores durante eventos públicos.

El menor condenado, a partir de esta nueva resolución, deberá cumplir tareas socioeducativas relacionadas con la educación afectiva y sexual. Además, se le ha prohibido acercarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros, para garantizar su seguridad.

Esta situación ha generado un debate entre los vecinos sobre la seguridad de los jóvenes en contextos festivos. Se espera que las autoridades tomen medidas para abordar la prevención de tales incidentes en futuras celebraciones.

El caso continuará en el contexto judicial con la evaluación de las medidas pertinentes a aplicar en el ámbito socioeducativo para el joven infractor. Las autoridades locales están bajo la presión de garantizar un ambiente seguro durante cualquier evento público.

por redaccion