Palma vuelve a poner sobre la mesa uno de sus grandes proyectos pendientes en materia de infraestructuras: la construcción de un segundo cinturón viario que alivie la presión sobre la Vía de Cintura, una de las carreteras más saturadas de todo el archipiélago.
La arteria principal que rodea la capital mallorquina soporta cada día el paso de más de 185.000 vehículos. Una cifra que la convierte en un verdadero quebradero de cabeza para conductores, vecinos y responsables políticos por igual.
Durante los años de gobierno del Pacte, la propuesta quedó aparcada sin fecha ni compromiso claro. Las prioridades políticas de aquella etapa dejaron el proyecto en un segundo plano, mientras los atascos seguían siendo una constante en la vida cotidiana de miles de palmesanos.
Ahora, con un nuevo escenario político en la isla, la idea resucita con fuerza. Desde distintos ámbitos de la administración autonómica y local se ha vuelto a hablar abiertamente de la necesidad de dar una solución definitiva a la movilidad en Palma, y el segundo cinturón aparece de nuevo como una de las respuestas posibles.
No es la primera vez que se promete. Gobiernos de distinto color han incluido este proyecto en sus agendas a lo largo de las últimas décadas, pero ninguno ha logrado llevarlo a término. La falta de financiación, los debates sobre el trazado y los cambios de gobierno han ido diluyendo los avances cada vez que parecían próximos.
Lo que sí parece claro es que el problema no puede seguir esperando. La movilidad en Palma lleva años siendo uno de los principales motivos de queja ciudadana, especialmente en las horas punta, cuando la Vía de Cintura colapsa con una regularidad casi matemática.
La ciudadanía, acostumbrada ya a escuchar promesas, aguarda esta vez con escepticismo, pero también con esperanza. Si los actuales responsables políticos logran pasar de las palabras a los hechos, el segundo cinturón podría convertirse en la gran obra de infraestructura que Mallorca lleva décadas reclamando.
El reto está ahora en transformar el anuncio en un compromiso real, con plazos, presupuesto y voluntad política suficiente para no volver a meter el proyecto en un cajón.
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