Ladislao González García, que fue alcalde de Navas de Oro durante varios años, ha visto cómo la Audiencia Provincial de Segovia le condena por revelar información confidencial de carácter municipal, aunque sin la pena de cárcel que llegó a pesar sobre él a lo largo del proceso judicial.
El caso tiene su origen en las elecciones municipales de 2019, cuando González García filtró datos municipales vinculados a la vivienda de su rival político, Miguel Ángel Gallego de Pablos. Aquel episodio derivó en una denuncia por un delito de revelación de secretos, que ha concluido ahora con una sentencia que marca el final de un largo proceso.
La Audiencia Provincial ha fijado una condena de un año de inhabilitación y doce meses de multa. La sala ha suprimido la pena privativa de libertad que inicialmente podía haberse aplicado al exregidor, lo que supone un alivio importante para el acusado, aunque no la absolución que este esperaba.
El delito de revelación de secretos, en el ámbito de la función pública, implica el uso o divulgación de información a la que se tiene acceso por razón del cargo, en perjuicio de terceros o con fines que van más allá del interés general. En este caso, los hechos ocurrieron en plena campaña electoral, lo que añadió un componente político a la causa desde el principio.
Navas de Oro es un municipio de la provincia de Segovia con una intensa vida pública local, y este caso ha seguido siendo un asunto de interés para sus vecinos durante los últimos años, desde que se conoció la denuncia hasta hoy, cuando la resolución judicial pone punto y final a la causa en esta instancia.
La condena a inhabilitación significa que González García no podrá ejercer cargo público durante el periodo establecido, lo que condiciona cualquier posible vuelta a la vida política municipal. Por su parte, la multa deberá abonarse en los plazos que determine la resolución judicial.
El fallo cierra así un capítulo incómodo para la política local segoviana, en el que quedó en evidencia el uso de información privilegiada como herramienta en una contienda electoral, algo que los tribunales han considerado merecedor de sanción, aunque sin llegar al extremo del ingreso en prisión.
