La paciencia tiene un límite. Y en Logroño, cada vez más ciudadanos sienten que ese límite lleva tiempo superado. La lentitud de la Administración pública a la hora de resolver expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros y de tramitar solicitudes de nacionalidad se ha convertido en una herida abierta que afecta a miles de personas en la ciudad y en toda La Rioja.
No hablamos de retrasos puntuales ni de contratiempos menores. Hablamos de años. De profesionales llegados de otros países, con carreras universitarias reconocidas en sus lugares de origen, que no pueden ejercer su profesión aquí porque su título lleva meses o incluso años atascado en algún cajón de una ventanilla ministerial. Médicos, ingenieros, arquitectos, abogados que viven en un limbo laboral mientras esperan una resolución que no llega.
La situación se agrava cuando se trata de títulos extracomunitarios, pero tampoco los ciudadanos de la Unión Europea se libran del problema. El monopolio que ejerce la Administración sobre estos trámites deja al ciudadano sin alternativas, sin competencia y, lo que es peor, sin plazos reales de respuesta.
A esto se suma el calvario de quienes llevan años esperando la resolución de sus expedientes de nacionalidad. Personas que pagan sus impuestos, que trabajan, que forman parte del tejido social y económico de Logroño, pero que siguen sin tener reconocida legalmente su pertenencia a este país. La espera no es solo un inconveniente administrativo: tiene consecuencias directas sobre el empleo, la movilidad y la estabilidad personal.
Desde distintos colectivos y asociaciones de vecinos de la ciudad se lleva tiempo alertando de esta situación, sin que las respuestas institucionales hayan estado a la altura de la urgencia que el problema merece.
La pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que la Administración cumpla con su obligación de dar respuesta en un plazo razonable?
Logroño no puede seguir siendo una ciudad que mira hacia adelante mientras una parte de sus vecinos queda atrapada en una trampa burocrática que nadie parece tener prisa por desactivar. Exigir eficiencia a quien ejerce el monopolio de un servicio esencial no es pedir demasiado. Es lo mínimo.
