La Audiencia Provincial de Ávila ha dictado sentencia absolutoria para los dos acusados de presuntamente agredir sexualmente a una menor de edad. El tribunal ha considerado que las pruebas presentadas no fueron suficientes para sustentar una condena, ante las inconsistencias detectadas en el relato de la joven a lo largo del procedimiento judicial.
El caso había generado una gran expectación en la ciudad, dado que los hechos denunciados afectaban a una víctima menor de edad y los cargos imputados eran de especial gravedad. Sin embargo, tras el juicio oral celebrado en la Audiencia, los magistrados concluyeron que no existía la certeza necesaria para emitir un fallo condenatorio.
Según recoge la resolución judicial, el principal escollo para la acusación fue la falta de coherencia en el testimonio de la menor, que fue variando en puntos clave a lo largo de las distintas fases del proceso. La declaración de la víctima constituía el eje central de la acusación, al no contarse con otras pruebas de carácter objetivo que respaldaran su versión de los hechos.
El principio de presunción de inocencia, pilar fundamental del derecho penal español, obliga a que la culpabilidad quede acreditada más allá de toda duda razonable. Al no alcanzarse ese umbral probatorio, el tribunal no tuvo otra opción que absolver a los dos imputados.
La sentencia no cierra el debate social que este tipo de casos genera. Desde asociaciones de protección a la infancia se recuerda que las contradicciones en víctimas menores de edad no siempre responden a falsedad, sino que pueden ser consecuencia del impacto psicológico que genera el propio proceso judicial sobre personas vulnerables.
Los acusados, que habían mantenido su inocencia durante todo el procedimiento, recuperan así su situación de libertad plena sin antecedentes penales por estos hechos.
La resolución puede ser recurrida ante instancias superiores si alguna de las partes lo considera oportuno dentro de los plazos legales establecidos.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la complejidad de los procesos por delitos sexuales, donde la palabra de la víctima juega un papel determinante y, al mismo tiempo, debe someterse al riguroso escrutinio que exige el sistema judicial.
