La Plaza Virgen de los Reyes, uno de los rincones más reconocibles del centro histórico de Sevilla, acogió el pasado jueves una gala de premios privada que llenó el espacio de mesas, mobiliario y servicios de catering, generando una notable controversia entre vecinos y usuarios de redes sociales.
El acto en cuestión fue la entrega de los XX Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre para conmemorar sus veinte años de trayectoria. La celebración se extendió también a parte de la Plaza del Triunfo, cortando el acceso habitual a ambos espacios durante la jornada.
Las imágenes del montaje comenzaron a circular por redes sociales antes incluso de que comenzara el evento, y las reacciones no tardaron en llegar. Muchos sevillanos cuestionaron que un enclave de titularidad pública y alto valor patrimonial pudiera quedar reservado para una celebración de acceso restringido.
Al debate sobre el carácter privado del acto se sumó un elemento de peso: la normativa municipal que regula las ocupaciones temporales del espacio público en el Conjunto Histórico. La ordenanza aprobada en 2007 señala expresamente en su artículo 11 que queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para el desarrollo de los eventos y actividades recogidos en dicho texto.
Sin embargo, la propia norma contempla determinadas exclusiones, por lo que no es posible concluir de forma automática que se haya producido una infracción. El encaje legal del evento depende del tipo de autorización municipal concedida y del procedimiento seguido para obtenerla.
Entre los asistentes a la gala figuró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuya presencia aparecía recogida en su agenda oficial, lo que añadió un perfil institucional al acto y contribuyó a ampliar el eco de la polémica.
El episodio reabre una discusión que en Sevilla se repite con cierta frecuencia: hasta qué punto es compatible la explotación de sus espacios más emblemáticos para usos privados con la protección del patrimonio histórico y el disfrute ciudadano de la ciudad. La respuesta, por ahora, sigue dependiendo de los detalles de cada autorización y de la voluntad política de hacer cumplir la normativa vigente.
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