La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un administrador de fincas, acusado de estafa y falsedad documental. La investigación se inició tras recibir denuncias de irregularidades en la gestión económica de una comunidad de propietarios, que habría sufrido un perjuicio superior a 6.000 euros. Los problemas comenzaron cuando el administrador logró modificar el acta de la comunidad, dándole acceso total a la cuenta bancaria de los propietarios. Esto le permitió hacer pagos y retiros de efectivo sin supervisión de los vecinos.
El presidente de la comunidad notó que se estaban llevando a cabo transacciones sin correcta justificación. En junio de 2025, el administrador aportó documentación que no se corroboró con las decisiones tomadas previamente por el presidente. En particular, alegó que la comunidad había recibido una multa de 5.280 euros de la Agencia Tributaria, mostrando un justificante que resultó ser falso. A partir de esa denuncia, la Policía inició una indagación para esclarecer las posibles irregularidades.
Además, se constató que existían otros tres cargos retirados en efectivo, con conceptos que parecían también engañosos. Las facturas que el administrador presentó para justificar estos gastos carecían de los requisitos establecidos, como sello y firma. La gestión económica del administrador fue revisada, descubriendo transacciones que nunca habían sido autorizadas por el presidente ni por otros miembros de la comunidad.
Las indagaciones revelaron que el administrador había presentado documentación aparentemente emitida por la Agencia Tributaria que también resultó ser falsa. Esta situación ha suscitado alarma entre los vecinos, quienes ahora buscan respuestas y medidas para asegurar la transparencia de su comunidad. Algunos se han mostrado preocupados por la confianza depositada en la administración del edificio y por la posible existencia de complicidad con otras entidades.
El administrador, tras la detección de las irregularidades, devolvió parte del importe que había supuesto una fiscalización errónea, pero todavía queda una cantidad bajo investigación. Tras finalizar el atestado policial, el caso fue enviado a la autoridad judicial. Se ha impuesto al administrador la obligación de presentarse cuando sea requerido para aclarar su situación.
Los vecinos de la comunidad afectada están explorando otras opciones para gestionar su comunidad de forma más eficaz. Se han planteado la posibilidad de contar con un nuevo administrador que garantice un control más riguroso de las finanzas. La detención del administrador podría ser un precedente que impulse a otros a analizar sus propias cuentas para evitar situaciones similares.
La situación sigue en desarrollo, y se esperan más novedades sobre las acciones legales que tomarán los vecinos y la posible respuesta de la Agencia Tributaria ante las falsedades detectadas en la documentación presentada por el administrador. A medida que avanza la investigación, se espera que haya aclaraciones sobre cómo se permitirá un seguimiento más riguroso de la gestión económica en comunidades similares.