El Ayuntamiento de Vitoria quiere conocer hasta dónde llega su poder sobre los terrenos agrícolas privados del municipio. Para saberlo, ha licitado un informe que analizará qué herramientas legales tiene el Consistorio para impulsar una transformación agroecológica en determinadas parcelas afectadas por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
El encargo, valorado en 20.570 euros, recae en el Centro de Estudios Ambientales y tendrá una duración de cinco meses. Su objetivo principal es aclarar una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿puede el Ayuntamiento imponer condiciones sobre suelos privados en producción, o solo puede promover medidas de manera voluntaria?
Por el momento, no se ha aprobado ningún cambio obligatorio en los cultivos, ni prohibición alguna, ni nueva exigencia para agricultores o propietarios. El estudio es un primer paso para conocer qué sería posible hacer y qué quedaría fuera de las competencias municipales.
El análisis se centrará en tres tipos de suelo recogidos en el nuevo PGOU. El primero son los terrenos situados en el entorno de los núcleos rurales, donde el planeamiento busca preservar el paisaje y la imagen tradicional de los pueblos. El segundo grupo corresponde a parcelas con capacidad para captar y almacenar carbono, con las que el Consistorio pretende mejorar la gestión del suelo frente al cambio climático. El tercero abarca los espacios integrados en el Anillo Verde de grado 2, la red que conecta la ciudad con su entorno rural y que exige compatibilidad entre los usos agrícolas y las funciones ambientales del territorio.
El informe deberá determinar qué instrumentos están disponibles: si pueden ser ayudas económicas, acuerdos con las explotaciones, requisitos administrativos o nuevas limitaciones. La documentación pública no concreta todavía ninguna de estas opciones, ni el número de hectáreas afectadas, ni los pueblos implicados.
Cualquier medida que salga de este trabajo deberá respetar los derechos de los propietarios. La mayoría de las parcelas son privadas y mantienen actividad productiva, lo que limita el margen de actuación municipal según la normativa agrícola y urbanística vigente.
El contexto no es menor. El nuevo PGOU amplía en más de mil hectáreas la superficie clasificada como suelo agroganadero y campiña de alto valor estratégico, lo que convierte la gestión de estos terrenos en una cuestión central del modelo territorial que Vitoria quiere construir en los próximos años.