El Tribunal de Instancia de Cáceres ha condenado al hombre que el 29 de junio de 2025 atropelló mortalmente a Inmaculada Bonilla Jara, una joven de 29 años, en la avenida de la Hispanidad, a una pena total de cuatro años de cárcel. La sentencia, sin embargo, ya ha desatado la controversia: la acusación particular anuncia que la recurrirá porque, tal como está redactada, el condenado no pisaría la cárcel.
El fallo condena al acusado, identificado como A.P.C., por dos delitos separados: homicidio por imprudencia grave, con dos años de prisión, y abandono del lugar del accidente, con otros dos años. Al no superar ninguno de los dos delitos de forma individual el umbral de dos años, la ley permitiría que el condenado eludiera el ingreso efectivo en prisión.
El abogado de la familia de la víctima, Ángel Luis Aparicio, ha confirmado que llevará la sentencia ante la Audiencia Provincial. «Consideramos que la pena por homicidio imprudente debe superar los dos años», ha declarado. El letrado defensor del condenado, en cambio, ha anunciado que no recurrirá.
La magistrada descartó el delito contra la seguridad vial por conducción bajo los efectos del alcohol, que sí reclamaba la acusación particular. La prueba de alcoholemia no se realizó hasta doce horas después de los hechos, con resultado negativo, y los testigos presenciales no describieron signos claros de embriaguez en el conductor.
Como atenuante, el tribunal tuvo en cuenta que A.P.C. se presentó voluntariamente en comisaría a las once de la mañana del día siguiente, reconociendo el atropello y la fuga antes incluso de que la Policía lograra identificar la matrícula de su furgoneta Renault Kangoo.
Los hechos quedaron probados: aquella noche, el acusado circulaba a 57 kilómetros por hora por una vía limitada a 30, arrolló a Inmaculada Bonilla Jara en un paso de peatones señalizado y perfectamente visible, sin frenar en ningún momento. El cuerpo de la joven fue desplazado más de veinte metros por el impacto. Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga.
La condena incluye también la retirada del permiso de conducir durante cinco años y ocho meses, el decomiso del vehículo y el pago de las costas del juicio. La indemnización a la familia, que asciende a 224.296 euros, ya fue abonada en su totalidad por la aseguradora en diciembre de 2025.
La familia de Inmaculada espera ahora que la Audiencia Provincial haga justicia plena por la muerte de la joven cacereña.