Laguna de Duero, La Cistérniga, Tudela de Duero y Herrera de Duero presentan un frente común junto a la Plataforma Vecinal contra la planta de Biogás ‘Granja Conchita’, un proyecto autorizado por la Junta de Castilla y León que amenaza con instalarse a menos de 500 metros de zonas residenciales y muy cerca del río Duero.
La Plataforma Vecinal contra la planta de Biogás ‘Granja Conchita’ ha dado un paso decisivo al lograr el respaldo de los consistorios de los municipios directamente afectados. Los ayuntamientos han prometido acompañar a los vecinos hasta las últimas consecuencias, incluso si eso supone llegar a los tribunales.
El Ayuntamiento de Laguna de Duero confirmó su apoyo técnico, jurídico y económico a la Asociación Vecinal La Calle en caso de que se inicie un procedimiento contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El municipio destaca como argumento principal la peligrosa cercanía del emplazamiento con el río Duero.
Por su parte, el alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, fue claro: «No es que estemos en contra de las plantas de biogás, simplemente vemos fallos en el proyecto y en la ubicación». Rodríguez subrayó que la instalación se plantea a menos de 500 metros del casco urbano de Herrera de Duero, y que en ningún momento se contactó con este municipio pese a ser uno de los más afectados.
La plataforma ha elaborado un informe detallado de riesgos que va mucho más allá de las molestias por olor. Entre los peligros identificados destacan la posible filtración de nitratos, metales pesados y patógenos en los acuíferos, las emisiones de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoniaco, el riesgo de explosión e incendio por la proximidad de los depósitos de gas a zonas habitadas, y el colapso del tráfico local por el paso constante de camiones pesados.
Luis Miguel Pérez, presidente de la Asociación Vecinal La Calle, advirtió además del daño económico a largo plazo: «Nadie que sepa qué hay aquí va a querer comprar una casa ni montar un negocio. Esto va a acelerar todavía más la despoblación».
El proyecto contempla procesar 50.460 toneladas de digestatos anuales, lo que la convierte, según los vecinos, no en una planta convencional sino en una macroplanta industrial.
La plataforma tiene ahora el viento a favor. Con cuatro ayuntamientos en su esquina y los argumentos técnicos sobre la mesa, la presión sobre la Junta de Castilla y León para reconsiderar la ubicación del proyecto no ha hecho más que empezar.