La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo sistema para que la población migrante sin residencia legal pueda acceder a la atención sanitaria pública, adaptándose así a la normativa aprobada por el Gobierno central. El cambio afecta al trámite del documento de asistencia sanitaria, conocido como DASE, y establece dos caminos distintos según la urgencia del caso.
El primero de ellos es el que ya existía antes de esta modificación: las Unidades de Tramitación para situaciones demorables, es decir, aquellas que no requieren atención inmediata. En estos casos, el proceso comienza con una cita previa en el centro de salud, donde se informa al interesado de la documentación que deberá presentar el día acordado. Desde la Consejería de Sanidad lo califican como el procedimiento más eficiente y han decidido mantenerlo.
La principal novedad es la vía no demorable. Cuando una persona acude directamente a un centro de Atención Primaria o a un hospital necesitando asistencia, el proceso arranca en ese mismo momento. El centro emite un documento provisional y el paciente dispone de diez días hábiles para reunir y entregar toda la documentación necesaria, que será revisada antes de expedir el certificado definitivo.
Entre los papeles que hay que acreditar figuran justificantes de residencia, la ausencia de otra cobertura sanitaria y un empadronamiento mínimo de tres meses. La nueva normativa estatal amplía los medios aceptados para demostrar el arraigo: certificados de matriculación o escolarización, cartas de viaje expedidas por consulados, facturas de suministros a nombre del solicitante o certificados de centros de la red pública de migraciones, entre otros.
El plazo máximo para resolver la solicitud es de tres meses. Si transcurrido ese tiempo no se ha notificado una resolución negativa, se aplica el silencio administrativo positivo y el certificado se considera concedido.
La Comunidad también ha reforzado los controles. Todos los documentos aportados se cruzan con los registros de extranjería, Seguridad Social y terceros obligados al pago. En los casos en que se detecte falsedad documental, el proceso queda paralizado de inmediato.
Con este sistema, Madrid busca cumplir con el marco legal vigente sin renunciar a la verificación rigurosa de cada caso, equilibrando el derecho a la salud con el control administrativo.