El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, señalado como presunto responsable del incendio de La Mierla al originarse el fuego durante labores de cosecha, ha salido a la palestra para defender al sector agrícola y agradece el respaldo recibido en una concentración espontánea celebrada en la localidad de Tamajón, próxima a la zona afectada por las llamas.

El regidor difundió un mensaje de voz y texto entre sus contactos en el que reivindicaba con firmeza el papel del campo: «No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos», sentenció, en lo que supone su primera reacción pública tras conocerse su implicación en el caso.
La concentración, calificada por el propio Marchamalo como «improvisada», reunió a numerosos agricultores y ganaderos de la comarca dispuestos a mostrar su solidaridad. El alcalde quiso dejar claro en su comunicado que el acto no era solo un gesto de apoyo personal, sino una defensa colectiva de todo el sector primario.
«Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros que habéis acudido a Tamajón para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto», escribió en su misiva.
Marchamalo aprovechó el momento para lanzar un mensaje reivindicativo, acusando de «noticias falsas y desinformación» a quienes, según él, atacan injustamente al mundo rural. Reclamó que el sector sea «escuchado de una vez por todas, comprendido y respetado», y no «señalado ni utilizado» con fines ajenos al campo.
El alcalde se disculpó por no haber podido asistir personalmente a la convocatoria, aludiendo a que la tarde se le «torció bruscamente», aunque rehusó dar más detalles: «Muchos de vosotros sabéis el porqué, ya que estabais presentes».
Las autoridades continúan con la investigación del incendio de La Mierla para determinar las responsabilidades exactas. El fuego se habría originado mientras se realizaban tareas de cosecha en la zona, circunstancias que las pesquisas en curso tratan de esclarecer.
La movilización pone de manifiesto la creciente tensión entre las comunidades rurales y las administraciones en un verano marcado por los incendios forestales, con el sector agrícola exigiendo que no se les criminalice por desarrollar su trabajo cotidiano.
