Los huertos urbanos de Madrid podrían librarse de asumir el coste del agua que consumen tras años de una situación técnica que impedía cobrarles directamente. El Ayuntamiento trabaja ahora en una solución legal que evite que las asociaciones vecinales que los gestionan tengan que hacer frente a una factura de unos mil euros anuales por cada parcela.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confirmó en la última comisión del ramo que el consistorio está estudiando técnica y jurídicamente cómo modificar el decreto que regula las concesiones de estos espacios. El objetivo es que el pago del riego no se convierta en un obstáculo para que vecinos voluntarios puedan seguir manteniendo activos estos rincones verdes repartidos por la ciudad.
La cantidad en juego no es menor para quien la tiene que pagar. Mil euros al año por huerto puede resultar inasumible para una asociación vecinal formada por personas que dedican su tiempo libre a cultivar sin recibir nada a cambio. Así lo defendió la concejala socialista Emilia Martínez durante el debate, quien subrayó que, para el Ayuntamiento, en cambio, mantener ese apoyo representa una inversión mínima.
La situación actual tiene su origen en un cambio técnico reciente. Hasta ahora, el Canal de Isabel II no disponía de contadores propios para cada huerto, lo que hacía imposible repercutir el gasto del agua a las entidades gestoras. Al no poder medirse el consumo individualmente, el Ayuntamiento asumía ese coste de facto. La instalación de esos contadores ha cambiado el escenario y ha obligado a revisar cómo aplicar la normativa vigente.
Carabante explicó que ya se reunió con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid para comprometerse a estudiar una salida que permita continuar con la misma política de pago que ha existido hasta ahora. La intención del equipo de Gobierno, según sus propias palabras, es mantener e incluso potenciar estos espacios comunitarios.
La red de huertos comunitarios urbanos de Madrid echó a andar formalmente en 2014, durante el mandato de Ana Botella, con 242 parcelas entre huertos vecinales y escolares. Desde entonces, el número ha crecido hasta superar los 400 y el presupuesto destinado a estas iniciativas se ha multiplicado por 2,5 desde 2018.
Ahora, el reto es encontrar el camino legal que garantice su futuro sin que una factura de agua lastre el trabajo de cientos de madrileños que cuidan cada día estos pequeños pulmones verdes del barrio.