La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por dos presuntas agresiones sexuales cometidas contra niñas menores de siete años en un campamento de verano del municipio madrileño de Arroyomolinos. El presunto autor de los hechos sería uno de los monitores del programa.
Los sucesos habrían tenido lugar el pasado 9 de junio, aunque los padres de las menores no habrían sido informados hasta días después, según la versión recogida de uno de los progenitores. Hasta el momento se han registrado dos denuncias formales, aunque las fuentes de la Benemérita no descartan que puedan aparecer nuevos casos conforme avancen las pesquisas.
El campamento está organizado por la Mancomunidad del Suroeste y gestionado por una empresa privada que obtuvo su gestión mediante licitación pública. El Ayuntamiento de Arroyomolinos ha emitido un comunicado en el que niega cualquier relación laboral directa con el monitor investigado y expresa su «condena absoluta» ante los hechos.
El Consistorio ha puesto a disposición de las familias afectadas todos los recursos de Servicios Sociales municipales, incluyendo apoyo psicológico y asesoramiento legal. Además, estudia personarse como acusación particular en el procedimiento judicial y ha instado a la Mancomunidad a depurar responsabilidades con la empresa adjudicataria.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha mostrado su preocupación por los hechos y ha trasladado su plena confianza en la investigación de la Guardia Civil. «La violencia sexual, en cualquiera de sus formas, es uno de los graves y atroces problemas que tiene nuestra sociedad, y más cuando estamos hablando de menores», declaró Martín desde Alcorcón.
La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer la veracidad de las denuncias, determinar el alcance de los presuntos abusos, delimitar las responsabilidades de cada parte implicada y garantizar la protección de las familias y las menores afectadas.
Unos hechos que han conmocionado a los vecinos de Arroyomolinos y que ponen de nuevo sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y supervisión en las actividades de ocio infantil gestionadas por empresas externas.