Los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE y Compromís han elevado la presión sobre la Generalitat Valenciana para que retire y archive de forma definitiva el proyecto de macrovertedero industrial en el municipio de Zarra, en el Valle de Ayora-Cofrentes. La iniciativa acumula ya el rechazo de los ayuntamientos afectados, de los informes técnicos y de una ciudadanía que lleva semanas movilizada en defensa de su territorio.
La reclamación llega tras una reunión celebrada en Les Corts Valencianes entre representantes de la Plataforma No al Macrovertedero de Zarra y varios diputados autonómicos. Participaron la secretaria general del PSPV-PSOE en la comarca y diputada por el Valle de Ayora-Cofrentes, Raquel Cámara, junto a la socialista Charo Navalón, los diputados de Compromís Juan Bordera y Paula Espinosa, y el síndic del mismo partido, Joan Baldoví.
Los parlamentarios subrayan que los informes técnicos encargados por el propio Ayuntamiento de Zarra alertan del grave impacto ambiental, territorial y socioeconómico que tendría la planta de residuos industriales. A ese argumentario técnico se suma una oposición social que, en las últimas semanas, ha rebasado las fronteras comarcales y ha ganado visibilidad en toda la Comunitat Valenciana.
El alcalde de Zarra ya trasladó personalmente sus preocupaciones al director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco Coll, acompañadas de las alegaciones de los municipios y asociaciones de la zona. La única respuesta recibida hasta ahora ha sido el compromiso de estudiar dichas alegaciones y continuar la tramitación según la normativa vigente, una actitud que los grupos parlamentarios consideran insuficiente.
Raquel Cámara fue contundente: «La ciudadanía no espera que unos y otros nos lancemos la pelota sobre quién tiene la culpa. La ciudadanía espera soluciones». La diputada recordó que la Generalitat, gobernada por el PP y Vox, ya dispone de toda la información necesaria para actuar y tiene la obligación de frenar el proyecto de forma definitiva.
Tanto PSPV-PSOE como Compromís valoran que dirigentes del Partido Popular hayan reconocido públicamente el impacto negativo del vertedero. Sin embargo, exigen que ese consenso de palabras se convierta en una decisión real y urgente.
La pelota está ahora en el tejado de la Generalitat, única administración con competencia para resolver el procedimiento. El Valle de Ayora-Cofrentes aguarda una respuesta que, a juicio de sus vecinos y representantes, no puede seguir demorándose.
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