El municipio cántabro de Argoños ha dado este miércoles un paso histórico al comenzar el derribo de las primeras viviendas con sentencia judicial firme en la urbanización Las Llamas II, aunque la presencia de ocupantes ilegales impide actuar en ocho de los once chalés afectados.

Las máquinas entraron en dos de las viviendas cuyos propietarios ya habían firmado acuerdos con la administración y recibido sus casas de sustitución. Es la primera demolición de este tipo que se produce en el municipio, que arrastra desde hace casi tres décadas un problema que afecta a más de 254 familias pendientes de resolución judicial y administrativa.
El consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, estuvieron presentes durante el inicio de los trabajos. Media no ocultó su frustración ante la situación que rodea a los ocho chalés ocupados ilegalmente: ningún juzgado ha podido ordenar el desalojo porque la legislación vigente exige que los ocupantes tengan «vocación de permanencia», algo que los tribunales no aprecian dado el alto nivel de rotación de quienes entran y salen de estas viviendas.
La paradoja es llamativa. Los propietarios legítimos que aceptaron los acuerdos ya han abandonado sus hogares, mientras quienes los ocupan sin ningún derecho permanecen en ellos e impiden que se ejecute la sentencia.
Uno de los dos chalés que se están demoliendo fue ocupado apenas horas después de que sus dueños lo entregaran el pasado sábado. El Ayuntamiento reaccionó a tiempo, alertó a la Guardia Civil y los intrusos abandonaron el inmueble por la puerta trasera antes de que llegaran los agentes. Para evitar que ocurriera lo mismo en el chalé contiguo, los operarios municipales arrancaron puertas y ventanas.
Todo esto sucedía mientras las ocho familias que ocupan ilegalmente el resto de viviendas de Las Llamas II escuchaban desde dentro de sus hogares las declaraciones del regidor.
En cuanto al resto del municipio, la Consejería de Fomento ha prometido que antes de que finalice la legislatura todos los afectados de Argoños tendrán firmado un acuerdo, ya sea con compensación económica equivalente al valor de su vivienda o con una casa de sustitución. El objetivo es poner fin a una incertidumbre que ha marcado la vida de cientos de familias durante décadas.
El golpe al Plan General de Ordenación Urbana, anulado el pasado junio por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dejó sin cobertura a 134 chalés que esperaban salvarse. Ahora, la solución pasa exclusivamente por los acuerdos individuales.
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