El Ayuntamiento de Burgos ha encontrado la salida a uno de los cuellos de botella administrativos que más quebraderos de cabeza venía generando en los últimos meses: el pago de facturas pendientes que llevaban semanas sin moverse.
La Junta de Gobierno aprobó este jueves una instrucción interna para unificar el procedimiento conocido como reconocimiento extrajudicial de crédito, el mecanismo que permite saldar deudas contraídas fuera de los cauces habituales de contratación. La portavoz del Ejecutivo municipal, Andrea Ballesteros, fue la encargada de explicar los detalles de la medida.
El paso era necesario tras una sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 15 de junio, que paralizó la tramitación de este tipo de expedientes en numerosos servicios municipales al obligar a los habilitados nacionales a establecer un criterio común para todas las áreas.
La nueva directriz distingue dos situaciones bien diferenciadas. En los casos en los que se prestó un servicio sin contrato o con órdenes de continuidad sin respaldo presupuestario, el pago se limitará al coste real del trabajo más el IVA, descartando gastos generales y beneficio industrial, tal y como exige el alto tribunal. Para los contratos vencidos que sí contaban con cobertura y están pendientes de nueva licitación, se podrá abonar el importe íntegro.
Con este marco ya aprobado, el Ayuntamiento ha dado luz verde a una serie de pagos que llevaban semanas bloqueados. Entre ellos destacan el mantenimiento de ascensores, la telefonía fija y datos, equipos audiovisuales y el suministro de gas natural, este último por un importe que supera los 628.000 euros.
La sesión de gobierno también estuvo cargada de otros asuntos relevantes para la ciudad. Se aprobó el proyecto de remodelación de la segunda fase de las calles Mérida de Castilla la Vieja y Mérida de Montija, con un presupuesto de casi 2,75 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses, financiado con cargo al crédito de 18 millones vinculado a la refinanciación de los antiguos consorcios.
Además, se inició el expediente de expropiación de una finca en la calle Doctor Fleming, valorada en 145.540 euros, y se autorizó el pago del 75 por ciento de la aportación anual a ProBurgos, organización encargada de gestionar el Fórum Evolución, por un total de 900.000 euros.
Una jornada, en definitiva, en la que la administración local ha querido demostrar que la maquinaria municipal sigue avanzando pese a los obstáculos jurídicos que han marcado buena parte del verano.
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