El PRC acusa al Gobierno regional de haber desvirtuado la reforma de la Ley del Suelo al permitir que la mayoría de las nuevas construcciones en terrenos rústicos sean segundas residencias y alojamientos turísticos, en lugar de viviendas para fijar población en los pueblos.
La Consejería de Fomento ha recibido un total de 2.696 peticiones para edificar en suelo rústico desde que se aprobó la reforma legislativa que liberalizó ese tipo de construcciones. De ellas, la Crotu ya ha tramitado 1.203 expedientes y ha dado luz verde a más del 80%. Otras 1.493 solicitudes siguen pendientes, en espera de que los promotores aporten documentación o lleguen los informes sectoriales.
Los datos, facilitados por la propia Consejería al Parlamento a petición del Partido Regionalista de Cantabria, han encendido todas las alarmas en la formación regionalista. Su portavoz parlamentario, Pedro Hernando, no ha dudado en afirmar que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga ha prostituido el espíritu de la norma. El objetivo original, recuerda Hernando, era que los hijos y familias del mundo rural pudieran construir una vivienda y quedarse en sus municipios de origen.
Sin embargo, la realidad que reflejan las cifras apunta en otra dirección. La mayoría de las peticiones corresponden a segundas residencias vacacionales y alojamientos turísticos, lo que para el PRC deja claro que la intención no es arraigar familias en los pueblos, sino hacer caja, en palabras del propio Hernando.
Los municipios con más expedientes en tramitación son Valdáliga, que encabeza la lista con diferencia, seguido de Ribamontán al Monte, Piélagos y San Roque de Riomiera.
El PRC reconoce que entre las solicitudes también hay proyectos ligados al sector ganadero, agrícola y al ocio deportivo. Pero insiste en que la fotografía general obliga a preguntarse a quién está beneficiando realmente esta política urbanística del PP.
Para los regionalistas, construir una vivienda en el campo no equivale automáticamente a que una familia se asiente en un pueblo. Si esa vivienda acaba siendo una casa de veraneo o un alojamiento de uso turístico, el argumento de la lucha contra la despoblación queda vacío de contenido.
El debate sobre el modelo urbanístico en Cantabria promete estar muy presente en la agenda política del próximo otoño.
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