El agente de la Policía Nacional condenado por el homicidio por imprudencia de un preso fugado en Cáceres en 2018 no tendrá que hacer frente al pago de la indemnización fijada por el Tribunal Supremo. Tras ser declarado insolvente, será el Estado quien abone más de 160.000 euros a los familiares de la víctima.
La noticia ha supuesto un alivio enorme para el policía y su entorno. «Es un gran alivio para mi familia», ha confesado el propio agente, quien lleva años arrastrando las consecuencias legales y económicas de aquel fatal suceso ocurrido hace ocho años en la capital cacereña.
La declaración de insolvencia, solicitada por su defensa, implica que el sueldo del policía no alcanza para cubrir la cuantía de la condena, teniendo en cuenta sus cargas familiares: mujer y tres hijos. El agente percibe en torno a 2.200 euros mensuales trabajando con turnos, cifra que en la actualidad ha bajado hasta entre 1.800 y 1.900 euros al encontrarse de baja médica. Con hipoteca, suministros y otros gastos básicos, asumir esa deuda resultaba inviable.
La resolución contempla además el levantamiento del embargo de sus cuentas y la devolución de las cantidades que le habían sido retenidas.
La indemnización que el Estado asumirá se distribuye de la siguiente manera: 71.297,8 euros para cada uno de los padres del fallecido y 20.000 euros para su hermano, tal y como determinó el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo, que rechazó la absolución previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Sin embargo, el policía deberá costear por su cuenta otros gastos derivados del proceso judicial, como los honorarios de abogado y procurador, así como las costas y una multa de 2.700 euros. Para hacer frente a todo ello, compañeros del cuerpo pusieron en marcha en mayo pasado una campaña de recaudación a través de la plataforma GoFundMe. La respuesta fue notable: más de 40.000 euros recogidos, superando las expectativas de sus impulsores.
«Ha supuesto otro gran alivio», ha reconocido el agente sobre esta iniciativa solidaria surgida entre sus propios compañeros.
El caso acumula ya varios años de batallas judiciales. La Audiencia Provincial de Cáceres le condenó en noviembre de 2022 por homicidio por imprudencia menos grave. El TSJEx le absolvió posteriormente, pero el Supremo revocó esa absolución al entender que la conducta sí era constitutiva de delito.
Con la declaración de insolvencia, el policía cierra al menos la parte económica más gravosa de un proceso que ha marcado profundamente su vida y la de su familia.
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