Un hombre fue arrestado el pasado domingo en Valladolid bajo la acusación de amenazas. La investigación comenzó en febrero tras las quejas de una empleada de Servicios Sociales que empezó a recibir llamadas intimidatorias.
La víctima, una trabajadora de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Castilla y León, estaba involucrada en un expediente donde se suspendió la patria potestad de dos menores. El progenitor de los niños, en desacuerdo con la resolución, comenzó a llamar a su lugar de trabajo, expresando amenazas que se fueron intensificando con el tiempo.
Conforme avanzaban los días, las amenazas se volvieron más preocupantes. La empleada recibía frases como «sé dónde vives» y «te voy a pegar un tiro», lo que le dejó en un profundo estado de ansiedad y temor. Las afirmaciones sobre saber detalles personales sobre su vida incrementaron su sensación de inseguridad.
A pesar del temor, la trabajadora decidió presentar una denuncia el 16 de mayo, lo que permitió que el caso tuviera la atención necesaria. El impacto psicológico de las amenazas fue tan fuerte que sopesó su bienestar frente a la necesidad de denunciar formalmente.
El grupo de investigación policial determinó que la gravedad de las amenazas ameritaba medidas urgentes. Así, se emitió una orden de detención contra el sospechoso, lo que puso en marcha un operativo policial para asegurar su captura.
El 18 de mayo por la mañana, agentes especializados de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al individuo. Fue trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se tomaron las medidas necesarias para procesar su caso.
A pesar de la detención, el presunto culpable fue liberado tras ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial. La decisión de su libertad ha generado inquietud, reabriendo el debate sobre las medidas legales en casos de amenazas.
Este suceso resalta los riesgos a los que algunas personas se enfrentan en sus puestos laborales, sobre todo aquellas relacionadas con procesos sensibles como la custodia de menores. La historia recuerda la importancia de un sistema que proteja y apoye a las víctimas desde el momento en que se sienten amenazadas.