El incendio forestal que durante más de dos semanas mantuvo en vilo a miles de vecinos de Toledo y que llegó a obligar al Gobierno a declarar la emergencia nacional en la provincia quedó oficialmente extinguido el pasado miércoles por la noche. Las llamas, que se iniciaron el 22 de julio en la urbanización El Pinar de Almorox, fueron dadas por extinguidas a las 21.10 horas tras una larga y complicada batalla contra el fuego.
El incendio no estuvo solo. Se unió al gran fuego de la Sierra Oeste de Madrid, que ya afectaba a las provincias de Ávila y Madrid, lo que llevó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a ampliar la declaración de emergencia de interés nacional a la provincia de Toledo el 25 de julio. Una medida extraordinaria que no se toma a la ligera y que refleja la gravedad de lo vivido.
En su momento más crítico, el incendio alcanzó la Situación Operativa Nivel 2, con el corte de la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox. Hasta 13 municipios y varias urbanizaciones tuvieron que ser desalojados. Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas comunidades autónomas, llegando a afectar viviendas.
Para combatir las llamas se movilizaron hasta 62 medios, seis de ellos aéreos, y participó también la Unidad Militar de Emergencia. Un despliegue extraordinario que da idea de la magnitud del siniestro.
Pero quizás lo que más ha impactado a los vecinos es el origen del fuego. La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 51 y 42 años, como presuntos responsables de haber iniciado el incendio de manera imprudente. Los investigadores localizaron el punto exacto de inicio del fuego y hallaron indicios concluyentes de que ambos estaban realizando trabajos de soldadura sobre una estructura metálica en terreno forestal aquel día.
Lo más grave es que el Índice de Propagación Potencial de incendios se encontraba ese día en nivel extremo, y la normativa vigente prohíbe expresamente el uso de maquinaria o herramientas capaces de generar llamas o chispas en zonas forestales durante la época de peligro.
Uno de ellos realizaba los trabajos en una finca de su propiedad, lo que no le exime de responsabilidad. Ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, imputados por un delito de incendio forestal.
Toledo respira, pero los daños y el miedo de esas semanas no se borran fácilmente.
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