El presidente del Principado, Adrián Barbón, reveló este jueves ante la Junta General que fueron dos vecinas del barrio ovetense de La Florida quienes le alertaron de los lazos familiares existentes entre el jefe del Servicio de Infancia del Gobierno asturiano y los propietarios del inmueble donde se pretendía instalar un piso tutelado para ocho menores extranjeros no acompañados.
El edificio en cuestión es el número 32 del Paseo de La Florida, cuya primera planta estaba destinada a albergar el recurso hasta que el Ejecutivo dio marcha atrás de manera repentina coincidiendo con la llegada de Nerea Monroy a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
Barbón explicó durante el turno de preguntas al presidente que, en cuanto las dos vecinas le trasladaron sus sospechas directamente en el edificio de Presidencia, dio la orden de investigarlo de forma inmediata. Una vez confirmados los vínculos, el proyecto quedó paralizado y el expediente fue remitido a la Fiscalía para que determine si existen responsabilidades penales.
El mandatario socialista defendió que actuar así supone un ejercicio de transparencia, y dejó en manos del Ministerio Público decidir si hay hechos punibles que perseguir.
Sin embargo, la jornada parlamentaria no estuvo exenta de tensión. El líder del PP, Álvaro Queipo, exigió saber cómo un inmueble que el Gobierno llevaba semanas avalando como idóneo pudo descartarse el mismo día en que tomó posesión la nueva consejera, y cómo apenas dos días después el expediente terminó en manos de la Fiscalía. Sus preguntas, directas y sin rodeos, no obtuvieron respuesta por parte del presidente.
🍢Vota tu pincho favorito de los Chiringuitos de San Mateo37 casetas · Top 10 en directo · raciones, bocadillos y sidra al precio de cada casetaEn marchaEl enfrentamiento más duro lo protagonizó Barbón con la portavoz de Vox, Carolina López, quien acusó al Gobierno de haber abandonado el proyecto por la presión vecinal y no por razones jurídicas o técnicas. López reclamó además que el Principado aclare si existe algún contrato de alquiler ya firmado con la propiedad y que informe sobre la ubicación de otros centros similares en la región.
El asunto del centro de La Florida sigue generando más preguntas que respuestas. La oposición exige que se depuren responsabilidades políticas más allá del funcionario señalado, mientras el Gobierno insiste en que actuó con diligencia en cuanto tuvo conocimiento de la situación. El expediente está ahora en manos de la Fiscalía, y será la Justicia quien tenga la última palabra.
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