El alcalde de San Vicente de Palacio, en Valladolid, ha sido objeto de un intento de soborno que será juzgado en un tribunal. Un responsable de la gasolinera Valcarce, identificado como S.L.G., está acusado de ofrecerle más de 7.000 euros para que permitiera la permanencia de un talud en la localidad, a pesar de su carácter ilegal. La situación ha generado inquietud en la comunidad, ya que la construcción del talud ha sido un punto conflictivo desde hace años debido a problemas administrativos con el Ayuntamiento. La Audiencia de Valladolid ha fijado el juicio para los días 4 y 5 de febrero de 2026. En la primera jornada se seleccionará al jurado, y el encausado declarará sobre los hechos. El segundo día será dedicado a escuchar a testigos, incluido el alcalde, y a la presentación de los argumentos tanto de la acusación como de la defensa. La fiscalía y la acusación popular han requerido una condena de tres años y medio de prisión y multas por cohecho. Los hechos se remontan a 2013, cuando el Consistorio ordenó la paralización de las obras del talud realizado por Valcarce, ya que carecía de la licencia correspondiente. Desde ese momento, la empresa ha enfrentado múltiples sanciones administrativas por incumplimiento, lo que ha provocado un conflicto legal prolongado. La sentencia de un contencioso administrativo reafirmó la obligación de la empresa de demoler la obra, pero esta ha ignorado el fallo judicial. El presunto soborno ocurrió en febrero de 2021, cuando S.L.G. supuestamente se reunió en varias ocasiones con el alcalde para ofrecerle dinero a cambio de que desestimara la obligación de demoliciones. En la primera reunión se argumentó que se podía llegar hasta 7.000 euros, casi la mitad de lo que costaría demoler el talud. Esta propuesta fue rechazada y el alcalde optó por denunciar el hecho a las autoridades. La acusación resalta la gravedad de la situación, dado que el caso pone en el centro del debate la corrupción en la política local. Para muchos vecinos, este tipo de actitudes socavan la confianza en las instituciones y provocan inquietud sobre la gestión pública en San Vicente de Palacio. La falta de claridad y transparencia en estos asuntos crea un clima de desconfianza entre la población. El alcalde ha defendido su actuación, asegurando que actuará siempre en beneficio del interés público. Con su denuncia, no solo buscó proteger la legalidad, sino también enviar un mensaje claro de que la corrupción no tendrá cabida en su administración. El juicio es un momento crucial para la comunidad, que espera una resolución que reafirme la integridad de sus representantes. Por el momento, la atención está centrada en las fechas del juicio y el proceso que se desarrollará en la Audiencia de Valladolid.
