El consistorio vallisoletano ha salido con contundencia a responder las acusaciones del PSOE, que tachó de «extremadamente grave» que el nuevo protocolo de acceso a las viviendas de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) no recogiera literalmente el término «violencia de género».
A través de un comunicado, el equipo de Gobierno rechaza de forma tajante que las mujeres víctimas de violencia de género queden excluidas de las ayudas a la vivienda pública. Al contrario, asegura que la modificación aprobada el pasado 28 de mayo por el Consejo de Administración de VIVA amplía la protección al incorporar un concepto más amplio: el de violencia doméstica.
Según el Ayuntamiento, este cambio de terminología no supone un retroceso, sino todo lo contrario. El nuevo protocolo permite atender también situaciones de violencia entre familiares o convivientes, con independencia del género de la víctima o del agresor, sumando así más supuestos de protección a los ya existentes.
El consistorio ha recordado que la Ley Orgánica 1/2004, que regula específicamente la violencia de género, sigue plenamente vigente y su aplicación es obligatoria con independencia de lo que diga o no diga un protocolo municipal. «Ninguna mujer víctima de violencia de género queda desprotegida», ha subrayado el equipo de Gobierno.
Para apoyar su argumento, el Ayuntamiento ha señalado que la propia Administración General del Estado emplea en documentos oficiales la expresión «víctimas de violencia de género y/o doméstica», lo que, a su juicio, demuestra que ambos términos no son excluyentes sino complementarios.
Más allá de la polémica política, el Gobierno municipal ha puesto en valor los cambios prácticos del nuevo protocolo. El sistema anterior exigía una documentación tan extensa que los procesos de adjudicación podían alargarse hasta un año, justo en los casos que requieren una respuesta urgente. Con la nueva fórmula, basada en declaraciones responsables y una solicitud simplificada, se espera reducir ese plazo a aproximadamente tres meses.
El Ayuntamiento ha calificado de «especialmente grave» que el PSOE utilice un asunto «tan sensible» para generar una alarma que, en su opinión, no responde a la realidad del texto aprobado ni a la legislación vigente.
La polémica pone de manifiesto la tensión política que existe en Valladolid en torno a las políticas de vivienda y protección social, con dos lecturas muy distintas de un mismo protocolo que, previsiblemente, seguirá dando que hablar en los próximos plenos municipales.
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