Menorca tiene hoy 679 electores más que en 2022 inscritos en el registro de residentes ausentes. El censo exterior vinculado a la isla ha pasado de 2.779 a 3.458 personas con derecho a voto, lo que supone un aumento del 24,4 por ciento en apenas cuatro años, un crecimiento directamente ligado a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
La llamada ‘ley de nietos’, que forma parte de esa norma aprobada en octubre de 2022, permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados que perdieron o renunciaron a ella por motivos políticos, ideológicos o de identidad sexual. Con la nacionalidad llega también el derecho de sufragio, lo que ha disparado las inscripciones en el Censo de Electores Residentes Ausentes, conocido como CERA.
Los municipios donde más ha crecido este registro son Alaior, Maó y Ciutadella. En estas dos últimas localidades, el voto exterior ya representa el 6 y el 5 por ciento respectivamente del total del censo, una proporción nada desdeñable en unas elecciones autonómicas o generales ajustadas.
A nivel del conjunto de las Illes Balears, el CERA ha pasado de 32.842 a 40.810 electores en el mismo periodo, un incremento del 24 por ciento que inevitablemente ha abierto el debate político sobre el posible impacto en futuras convocatorias electorales.
Desde el PSOE, el diputado Pepe Mercadal pide cautela a la hora de sacar conclusiones. «Es muy difícil saber cómo puede influir en las elecciones, es imposible conocer las preferencias electorales de la gente inscrita en el CERA», señala, añadiendo que el porcentaje de participación de estos electores suele ser muy bajo.
En la misma línea de prudencia se mueve el diputado del PP Joan Mesquida, quien considera que «sería precipitado hacer cálculos» y subraya que lo verdaderamente importante es que «el censo sea fiable, transparente y ajustado estrictamente a la legalidad».
El debate, sin embargo, tiene un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de la ley, paralizando la inscripción en el censo de los ciudadanos naturalizados al amparo de esta normativa mientras se resuelven los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa.
Mercadal no oculta su malestar: «Por primera vez se desliga la nacionalidad del derecho a voto. Es un escándalo y un precedente peligroso». La decisión del alto tribunal deja en el aire el futuro electoral de cientos de nuevos españoles que ya empezaban a sentir Menorca como parte de su historia.
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