Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, ha dejado claro que la isla no está en condiciones de acoger a menores migrantes procedentes de Ceuta. Una posición firme que llega en un momento en que el debate sobre el reparto de la acogida de menores no acompañados sacude a varias comunidades autónomas españolas.
Galmés no ha dejado margen para la interpretación: los recursos insulares destinados a la atención de este colectivo se encuentran al límite de su capacidad, llegando incluso a superarla. En sus propias palabras, el sistema está sobrecargado al mil por ciento, una cifra que, más allá del simbolismo, refleja una situación de colapso real en los centros y servicios de atención a menores tutelados.
El presidente insular ha subrayado que, en estas circunstancias, no sería posible garantizar una atención digna a los chicos y chicas que pudieran llegar desde Ceuta. No se trata, según ha explicado, de una negativa ideológica, sino de una imposibilidad práctica que pondría en riesgo tanto a los nuevos acogidos como a quienes ya se encuentran bajo tutela del Consell.
Mallorca viene arrastrando desde hace años una presión creciente sobre sus sistemas de protección a la infancia. La llegada de menores migrantes no acompañados a las Baleares ha ido en aumento, y los centros de acogida llevan tiempo funcionando con más plazas ocupadas de las que fueron diseñados para soportar.
El debate no es nuevo, pero se ha vuelto a encender con fuerza tras la situación vivida en Ceuta, donde la llegada masiva de menores ha desbordado las estructuras locales y ha obligado a buscar soluciones en otras partes del territorio nacional. Sin embargo, desde el archipiélago balear la respuesta es contundente: no hay espacio ni medios para dar una respuesta adecuada.
La postura de Galmés abre un interrogante sobre cómo se gestionará a nivel estatal el reparto de responsabilidades en materia de acogida. Mientras tanto, en Mallorca, la prioridad parece ser sostener un sistema ya al borde del colapso antes de asumir nuevos compromisos que, a juicio del Consell, no se pueden cumplir con garantías.
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