El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una condena a la administración educativa en Segovia, relacionada con el Conservatorio Profesional de Música. La decisión judicial obliga a realizar una evaluación de los riesgos psicosociales del puesto de trabajo de un profesor que presentó una demanda por incumplimientos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
La sentencia es resultado de un conflicto que se prolongó durante varios años y que afectó directamente la salud del docente. Desde que comenzó a trabajar allí en 2016, el profesor sufrió diversas situaciones que le llevaron a diferentes periodos de incapacidad temporal, principalmente por trastornos de ansiedad vinculados a su entorno laboral.
Los problemas fueron comunicados en más de una ocasión a la Inspección Educativa. El docente apuntó a una serie de conflictos interpersonales en el centro, que según el tribunal no fueron abordados adecuadamente por la dirección. La evaluación previa de riesgos laborales en el conservatorio había identificado una alta frecuencia de conflictos entre el personal.
A pesar de esto, las medidas tomadas por la dirección eran generales y muy limitadas. El tribunal subraya que la normativa establece que la evaluación debe ser individualizada, especialmente por el impacto que tienen estas situaciones en la salud del trabajador. Las deficiencias en la gestión del conflicto llevaron a la situación actual.
Además de la evaluación obligatoria, el tribunal ha mantenido una indemnización de 20.000 euros para el profesor afectado. Esta cifra se concede por los daños sufridos a raíz de la gestión inadecuada de su situación laboral y los antagonismos en el centro.
El conflicto no solo ha afectado al docente, sino que tiene implicaciones a nivel de gestión y clima laboral en el conservatorio. Elementos como el acceso a plataformas de comunicación y la planificación de horarios también fueron parte de los problemas denunciados.
La sentencia ha adquirido carácter firme, lo que significa que la administración no puede presentar más recursos. El caso queda cerrado judicialmente, pero la obligación de realizar una evaluación de riesgos sigue vigente. La dirección debería tomar acción pronto para cumplir con este mandato legal.