La Comunidad de Madrid afronta un obstáculo legal para mantener su papel en la causa del incendio de Lozoyuela, el fuego que el pasado 16 de julio calcinó 750 hectáreas en la sierra madrileña y obligó a evacuar y confinar a decenas de vecinos.
El Tribunal Constitucional admitió a principios de septiembre un recurso del Gobierno central contra la norma autonómica que habilitaba a la Comunidad para ejercer la acusación popular en causas por incendios forestales, boicots a eventos deportivos o ataques a obras de arte. Esa ley, aprobada por la Asamblea regional en abril tras los incidentes en la Vuelta Ciclista a España de 2025, hasta ahora solo se había invocado una vez, precisamente en este caso.
Al admitir el recurso, el Constitucional ordenó también la suspensión cautelar de la norma con efectos retroactivos desde el 16 de julio, fecha en que el escrito del Ejecutivo central llegó al tribunal. La Comunidad se personó en la causa a principios de agosto, después de esa fecha, lo que deja su posición como acusación popular en terreno incierto.
Según fuentes del Ejecutivo autonómico, la abogacía general de la Comunidad no ha recibido ninguna comunicación del magistrado del Tribunal de Instancia de Torrelaguna, que instruye el caso, sobre su ejercicio de la acción popular. La instrucción, por ahora, sigue adelante.
El investigado es un hombre de 52 años al que se atribuye un delito contra el patrimonio natural. Está en prisión provisional desde principios de agosto, medida que el instructor acordó a petición de la Fiscalía y de la propia Comunidad de Madrid. Ambas partes argumentaron riesgo de fuga, posible reiteración delictiva y la gravedad de los hechos. Los abogados del investigado recurrieron el encarcelamiento.
El incendio se desató el 16 de julio en las inmediaciones del kilómetro 69 de la A-1 y llevó a activar el nivel 2 del plan de Protección Civil, con despliegue de la Unidad Militar de Emergencias.
Si la personación de la Comunidad terminara cayendo, la causa continuaría por la vía de la Fiscalía, ya que el delito contra el patrimonio natural es de naturaleza pública. El tribunal dispone de hasta cinco meses para mantener la ley suspendida sin estar obligado a resolver sobre el fondo, es decir, si la norma se ajusta o no a la Constitución.
Con información de 20minutos Madrid.
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