El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies contra el Ayuntamiento de Oviedo relacionada con la tramitación de la ampliación del aparcamiento subterráneo de La Escandalera. La institución ha iniciado actuaciones ante el Consistorio y espera recibir la información que ha solicitado.
El origen del conflicto se encuentra en el procedimiento abierto por el gobierno local para estudiar la ampliación y posterior explotación mediante concesión del aparcamiento situado bajo la emblemática plaza ovetense. El anuncio fue publicado en el BOPA el 22 de junio y fijaba un mes de plazo para presentar alegaciones, lo que situaba el final del periodo el 23 de julio.
Durante ese tiempo, la documentación del estudio de viabilidad debía permanecer disponible en la web municipal para que cualquier interesado pudiera consultarla. Sin embargo, los ecologistas denunciaron que al menos desde el 17 de julio el expediente ya no era accesible en la sede electrónica del Ayuntamiento, es decir, varios días antes de que concluyera el plazo oficial.
El Defensor del Pueblo ha considerado que la solicitud reúne los requisitos legales necesarios y ha comunicado a los ecologistas que, con esa misma fecha, inició las actuaciones correspondientes con el Consistorio.
Los ecologistas van más allá en sus peticiones. Solicitan que el Ayuntamiento certifique la fecha y la hora exactas en las que los documentos desaparecieron de la web municipal y piden además que, mientras se resuelve la cuestión, el Consistorio suspenda cualquier actuación encaminada a aprobar definitivamente el estudio de viabilidad.
El proyecto de ampliación del aparcamiento de La Escandalera contempla una inversión de más de 19 millones de euros. El plan prevé pasar de dos a tres plantas subterráneas, crear 565 nuevas plazas de aparcamiento y reurbanizar la plaza exterior. El alcalde, Alfredo Canteli, ha manifestado su intención de comenzar las obras en 2027, a poder ser antes de las elecciones.
La polémica sobre la retirada anticipada de la documentación pública añade una nueva complicación a un proyecto que, por su envergadura e impacto en uno de los espacios más representativos del centro de Oviedo, ya suscitaba atención ciudadana. El Defensor del Pueblo tendrá ahora la última palabra sobre si el Ayuntamiento actuó conforme a derecho durante el periodo de información pública.
