El juicio por el asesinato de una joven de 29 años a manos de su expareja en el madrileño distrito de Usera ha arrancado esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid con una petición que va más allá del procesado: la familia de la víctima reclamará al propio Estado una indemnización por no haberla protegido de manera adecuada.
Diana contaba con una situación de máxima alerta policial cuando fue asesinada en su domicilio la madrugada del 30 de diciembre de 2024. Había denunciado en tres ocasiones a su expareja por malos tratos. Sobre el acusado pesaba además una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de ella y comunicarse por cualquier medio.
Nada de eso fue suficiente.
El hombre entró en su habitación armado con un cuchillo de cocina de 33 centímetros y la atacó por sorpresa mientras se preparaba para dormir, causándole heridas mortales en el cuello y el tórax que le seccionaron la carótida y la yugular. Según el fiscal, ambos habían retomado la convivencia pese a la orden vigente, y aquella madrugada una discusión tras una salida nocturna de ella desató lo irreparable.
La acusación particular ha explicado que reclamará una indemnización al Ministerio de Justicia y, en su caso, al Ministerio del Interior, por no haberse llevado a cabo un seguimiento correcto de las medidas de protección asignadas a la víctima. Si no obtiene respuesta administrativa, la familia llevará el caso ante la vía civil.
El acusado se enfrenta a una pena de 26 años de prisión solicitada tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que añade la reincidencia como agravante. La Comunidad de Madrid, ejerciendo la acusación popular, reclama la misma condena. No es el primer proceso al que se enfrenta este hombre: ya había sido condenado anteriormente por amenazas y agresiones contra la propia Diana.
El juicio comenzó el viernes con la selección del jurado popular. El acusado está previsto que declare el próximo lunes.
Tras el crimen, los vecinos de Usera se volcaron en concentraciones de repulsa para apoyar a la familia y exigir una protección real para las mujeres víctimas de violencia de género. Un grito colectivo que ahora encuentra su eco en los juzgados, donde la familia de Diana no solo busca justicia frente al asesino, sino también frente a un sistema que, sostienen, les falló.
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