Los juzgados de Valladolid vivieron el pasado viernes una jornada marcada por el caos tecnológico. Un colapso masivo de las plataformas digitales del Ministerio de Justicia dejó a los magistrados y funcionarios sin acceso a los expedientes ni a la firma digital, paralizando la actividad ordinaria de los tribunales de toda Castilla y León.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla y León, María Ángeles Palmero González, fue contundente al valorar lo ocurrido: «Con la caída masiva de esta mañana es como un día más de los que vienen pasando en los últimos meses». Una frase que lo dice todo y que dibuja un panorama de precariedad tecnológica que ya no puede calificarse de excepcional.
Según Palmero González, los problemas se concentran especialmente en dos puntos críticos: el acceso al expediente digital y la imposibilidad de firmar documentos. Ante la urgencia de algunos trámites, varios jueces se vieron obligados a recurrir a la firma manuscrita, una práctica que, según reconoce la propia magistrada, «no está permitida».
La situación llegó a rozar lo preocupante en los casos más sensibles. «A una persona que espera una libertad no le puedes decir que se ha caído el sistema, estás jugando con derechos fundamentales», advirtió González, poniendo el dedo en la llaga sobre las consecuencias reales de estos fallos reiterados.
El centro de atención al usuario habilitado para estas incidencias confirmó la caída masiva pero no ofreció solución inmediata. Los problemas, además, no se limitan a los expedientes: las licencias de los programas de ofimática se desactivan periódicamente sin que haya respuesta ágil, y las actualizaciones de las aplicaciones judiciales llegan sin formación ni apoyo técnico presencial. Una figura, la del formador, que según denuncia la magistratura fue eliminada con la entrada en vigor de la reciente ley de Eficiencia Judicial.
«Aquí el problema es que no hay recursos y ya está», sentencia Palmero González, quien reclama una mayor inversión tanto en medios materiales como humanos para que la administración de justicia pueda funcionar con garantías.
El apagón tecnológico afectó a todas las comunidades autónomas cuyas competencias en materia de justicia no están descentralizadas, entre las que se encuentra Castilla y León. Lo que no hubo fue ningún comunicado oficial por parte de los responsables del Tribunal Superior de Justicia autonómico, un silencio que desde la magistratura califican directamente de «caos absoluto».