La consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, compareció este miércoles en el Pleno de la Junta General del Principado para dar explicaciones sobre la polémica decisión de descartar el uso de un inmueble en la avenida de La Florida de Oviedo que iba a albergar un centro para menores tutelados.
Monroy aseguró que el Gobierno asturiano «no ha renunciado en ningún momento a dar una respuesta adecuada» para la atención de estos jóvenes, y defendió que fue precisamente la supervisión del proceso la que permitió detectar los problemas que llevaron a descartar la ubicación.
Según explicó la consejera, los informes elaborados por los servicios competentes identificaron distintas cuestiones sin resolver antes de tomar una decisión definitiva. Por ello, el procedimiento fue paralizado, se descartó el inmueble y se remitió el expediente completo a la Fiscalía. Además, se ha abierto una investigación interna.
Monroy insistió en que ningún menor llegó a ser trasladado al edificio, que ningún derecho resultó afectado y que el centro nunca llegó a ponerse en marcha. «Lejos de evidenciar un fallo, demuestra que la supervisión ha funcionado correctamente», afirmó.
La consejera también hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para actuar con responsabilidad al abordar situaciones que afectan a menores tutelados y personas vulnerables, recordando que «no estamos hablando de un problema que haya que trasladar de un barrio a otro».
🍢Vota tu pincho favorito de los Chiringuitos de San Mateo37 casetas · Top 10 en directo · raciones, bocadillos y sidra al precio de cada casetaEn marchaSin embargo, las palabras de Monroy no convencieron al diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, quien reconoció salir de la sesión con más dudas que respuestas. El parlamentario forista quiso saber por qué, en cuestión de pocos días, su predecesora en el cargo consideró La Florida como el lugar idóneo para el centro y sin embargo, al llegar Monroy, fue descartado alegando razones técnicas y jurídicas que, a su juicio, siguen sin quedar claras.
Pumares fue más allá y planteó abiertamente si el Gobierno no está buscando un «chivo expiatorio» para dar marcha atrás en una decisión que, según sus palabras, «parece que fue apresurada y no convencía a nadie». El diputado también preguntó cuándo tuvo conocimiento el Ejecutivo del presunto conflicto de interés y por qué, si ya se conocía en junio, no fue motivo de alarma entonces.
El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, a la espera de que las conclusiones de la investigación arrojen luz sobre lo ocurrido en torno al edificio de La Florida.
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