El juicio por el asesinato de un hombre en Aranda de Duero el pasado 3 de octubre de 2024 llega a su fase decisiva, con el jurado popular como árbitro de una cuestión clave: si el acusado, identificado como JLH, tenía plenas facultades mentales cuando mató a su suegro o si una enfermedad psiquiátrica condicionó sus actos aquella noche.
La sala ha escuchado esta semana los informes finales de todas las partes, con posturas muy alejadas entre sí.
El fiscal mantiene su petición de 30 años de prisión y reconoce la alevosía, ya que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse, pero descarta el ensañamiento que reclamaba la acusación particular. De esos 30 años, 21 corresponden al delito de asesinato. El resto se suma por un robo con violencia, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, hurto leve y allanamiento de morada, junto a la correspondiente responsabilidad civil.
La acusación particular ha elevado su petición a 25 años exclusivamente por la muerte del suegro, apreciando tanto alevosía como ensañamiento, y ha exigido que la orden de alejamiento se extienda a todo el núcleo familiar de la víctima. Su abogado ha sido contundente: JLH no está enfermo, es una persona que actuó a sabiendas de lo que hacía, y la defensa no ha probado en ningún momento la existencia de esquizofrenia.
Por su parte, la defensa sostiene que su cliente padecía un cuadro de esquizofrenia paranoide agravado por adicciones que le habrían provocado graves problemas de memoria, descartando cualquier premeditación. El letrado pide que los hechos se califiquen como homicidio y no como asesinato, y que los delitos cometidos durante la huida se traten como una unidad y no como infracciones acumuladas.
El propio acusado tomó la palabra al final de la sesión para pedir perdón, alegando que no recuerda nada de lo ocurrido y que se encontraba en un estado de enajenación mental en el momento del crimen. El fiscal, sin embargo, rechazó de plano ese arrepentimiento.
La sesión concluyó con el reconocimiento por parte de JLH de la responsabilidad civil. Ahora el jurado popular tendrá que valorar todas las pruebas presentadas y determinar si el acusado era o no consciente de sus actos, una decisión que marcará el alcance de la condena final.
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