Los trabajadores de los ayuntamientos y del Consell Insular de Menorca recibirán el complemento de residencia en las mismas condiciones que los funcionarios del Estado destinados en Baleares, igualando así las cuantías que ya disfrutan sus homólogos en Canarias.
El Ayuntamiento de Maó se ha convertido en el primero de la isla en dar el paso formal, aprobando en el pleno de julio una modificación presupuestaria de casi 2,9 millones de euros para hacer frente, entre otros conceptos, a este incremento retributivo. Solo para cubrir el plus de insularidad y otras mejoras salariales pactadas en mesa de negociación, el consistorio destinará 1.086.000 euros hasta finales de año.
La primera teniente de alcaldía de Hacienda, Elena Costa, explicó que el dinero saldrá del remanente de tesorería municipal, que asciende a más de 4,8 millones de euros. El reciente decreto que flexibiliza las reglas fiscales permite usar ese superávit no solo para inversiones, sino también para gastos generales, lo que ha abierto la puerta a este desembolso. Tras la operación, el Ayuntamiento aún conservará un margen de casi dos millones de euros.
El Consell Insular, por su parte, todavía no ha cerrado los cálculos de lo que supondrá aplicar el complemento a su plantilla, que supera los 600 trabajadores entre la institución y sus organismos dependientes. El director insular de Servicios Generales, Joan Benejam, fue claro: «Lo dábamos por hecho, se tiene que pagar de oficio». Si hace falta una modificación de crédito para cubrirlo, el pleno de septiembre será el momento de tramitarla.
Detrás de esta reclamación está la central sindical CSIF, que ha registrado escritos en todos los ayuntamientos y consells de Baleares exigiendo la equiparación. El argumento jurídico es sólido: el Real Decreto 861/1986 obliga a que las indemnizaciones por residencia del personal de las corporaciones locales sean las mismas que las del personal del Estado.
El impacto económico es especialmente relevante en las islas menores, donde la subida del complemento ha sido más pronunciada. Menorca, junto con Eivissa y Formentera, asumirá un esfuerzo notable para cumplir con una normativa que, en realidad, ya estaba vigente.
En el caso de Maó, las inversiones asociadas a la modificación presupuestaria incluyen mejoras de aceras, avances en la compra de un solar para vivienda social, expropiaciones de parcelas y apoyo al refugio de animales municipal, entre otras actuaciones.
