El Tribunal de Cuentas ha señalado a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por una decisión financiera que en 2021 le costó 34 millones de euros a las arcas públicas: la cancelación anticipada de ocho derivados financieros conocidos como swaps, unos instrumentos que la entidad había contratado para protegerse de posibles subidas en los tipos de interés de sus préstamos.
El organismo fiscalizador considera que habría sido «más prudente» esperar antes de ejecutar esa cancelación. La razón es sencilla: en el primer trimestre de 2021, la valoración de esos productos había mejorado en 1,3 millones de euros, y aguardar para ver si esa tendencia se afianzaba podría haber reducido las pérdidas acumuladas a lo largo de seis años.
Los swaps son contratos que transforman un tipo de interés variable en uno fijo, lo que en teoría protege a quien los suscribe frente a posibles encarecimientos del crédito. Sin embargo, durante gran parte del periodo analizado, entre 2016 y 2023, los tipos de interés se mantuvieron en niveles bajos o incluso negativos, lo que hizo que estos instrumentos perdieran buena parte de su utilidad como cobertura.
Los ocho contratos cancelados por la APV tenían vigencia hasta fechas comprendidas entre 2025 y 2030, por lo que la entidad decidió deshacerse de ellos con años de antelación, asumiendo el coste de salida.
A esto se suma otra crítica relevante: el informe que los consejeros de la APV utilizaron para tomar esa decisión «no informaba de su coste y presentaba múltiples deficiencias», según recoge el Tribunal. Es decir, quienes aprobaron la cancelación no contaban con información completa sobre lo que iba a suponer económicamente.
El informe analiza a diez entidades estatales con productos similares. En conjunto, cuatro de ellas pagaron 89 millones de euros por cancelaciones anticipadas de derivados, de los cuales 34 corresponden exclusivamente al puerto valenciano, que gestiona también los recintos de Sagunt y Gandia.
No todo son reproches. El Tribunal sí reconoce que la APV fue una de las dos únicas entidades, junto a Aena, que incluyó cláusulas suelo en sus swaps al suscribirlos a finales de 2015, cuando ya se anticipaba la caída de los tipos. Además, tres de los ocho derivados eran productos complejos vinculados a opciones de compra y venta.
Una decisión que, a ojos del fiscalizador del Estado, pudo haberse tomado con más información, más tiempo y, en definitiva, con un coste mucho menor para el erario público valenciano.
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