El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa promovida por la formación política Impulsa Olmedo sobre el complejo de Meseta Ski, en Villavieja del Cerro, pero ha remitido las actuaciones a la Fiscalía y a la Diputación de Valladolid por apreciar indicios de responsabilidad contable que, según el auto, «habrán de ser objeto de aclaración en fase de actuaciones previas».
El fondo del asunto es por qué Sodeva, la sociedad pública dependiente de la Diputación hoy rebautizada como Valladolid Avanza, se reservó las acciones civiles en el procedimiento penal del caso Meseta Ski y después no las ejerció. Al no hacerlo, la sentencia penal no fijó ninguna indemnización a su favor.
Según Impulsa Olmedo, lo que se puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas fue precisamente eso: qué ocurrió con esas acciones reservadas, qué cantidades podían haberse reclamado y si la inactividad produjo un perjuicio a los fondos públicos. La formación señala que no correspondería afirmar que la eventual responsabilidad contable asciende a 11,5 millones de euros, cifra que se ha usado públicamente para referirse al coste total del proyecto, que pasó de un presupuesto inicial de 4.060.000 euros a 11.615.097 euros. La cuantía del posible menoscabo, insisten, es una cuestión pendiente de determinar.
La causa se archivó porque Impulsa Olmedo no se personó como acción pública, manteniéndose solo como denunciante. Lo relevante, según la formación, es que el Ministerio Fiscal examinó la documentación y consideró que los hechos presentan indicios suficientes para abrir investigación. El Tribunal dio traslado tanto a Fiscalía como al representante legal de la Diputación.
Por su parte, el Grupo Provincial del PSOE anunció que llevará al Pleno de la Diputación del próximo viernes una proposición en la que reclama el desmantelamiento integral de las instalaciones, un plan de restauración ambiental del entorno y la búsqueda de un uso para el Edificio Multifuncional construido en la parcela, ya sea de forma directa o mediante cesión a otra entidad. El portavoz socialista, Francisco Ferreira, reprochó que «dos años después» de conocerse la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial «seguimos esperando ese proyecto fantasma que nos iba a presentar el señor Íscar de manera inminente».
La Diputación de Valladolid deberá explicar ahora, según Impulsa Olmedo, qué ocurrió con aquellas acciones civiles y si su falta de ejercicio generó algún perjuicio para el patrimonio provincial.
Con información de Diario de Valladolid.
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