El tribunal desestima los recursos y desbloquea la licitación del diseño de la futura estación de metro en Los Ahijones y Los Berrocales

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha desestimado los recursos presentados por dos empresas excluidas del proceso de adjudicación del diseño de la futura estación de la línea 9 de Metro en Los Ahijones y Los Berrocales, dos desarrollos urbanísticos situados al este de la capital. Las resoluciones, fechadas el 17 de septiembre, permiten a la Consejería de Transportes reanudar el procedimiento de contratación de forma inmediata.

El tribunal desestima los recursos y desbloquea la licitación del diseño de la futura estación de metro en Los Ahijones y Los

El proceso llevaba suspendido cautelarmente desde mediados de agosto, cuando las dos empresas apartadas por la mesa de contratación recurrieron esa decisión ante el tribunal. Hasta ocho empresas se habían postulado a esta tercera licitación, que quedó paralizada cuando encaraba su tramo final.

No es la primera vez que este contrato encuentra obstáculos. Desde principios de 2024 se ha tenido que licitar en tres ocasiones. La primera convocatoria quedó desierta por falta de interés. En la segunda, la única oferta considerada viable fue descartada por deficiencias no subsanables. Para la tercera, la Consejería de Transportes amplió el presupuesto con el fin de hacerla más atractiva para las empresas.

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La futura parada se construiría en superficie sobre la Gran Vía del Sureste, a mitad de camino entre Los Ahijones y Los Berrocales, y quedaría ubicada entre las actuales estaciones de Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones. Además de dar servicio de metro, funcionaría como intercambiador de transporte, con llegada del bus prioritario de los desarrollos del sureste y aparcamiento disuasorio.

Antes de los últimos contratiempos, el Gobierno autonómico situaba la entrada en servicio de la estación hacia 2029. Las próximas semanas permitirán saber si esa fecha sigue siendo viable sobre el papel.

La Consejería puede retomar el proceso de forma inmediata, aunque las empresas excluidas aún tienen la opción de acudir al Tribunal Superior de Justicia mediante recurso contencioso-administrativo en un plazo máximo de dos meses, que comenzó a contar esta semana.

Con información de 20minutos Madrid.