El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Vitoria de expulsar a las voluntarias de la asociación animalista Apasos del Centro de Protección Animal (CPA), conocido popularmente como la perrera municipal. La sentencia pone un nuevo hito en un conflicto que se arrastra desde 2020 y que enfrenta al Consistorio con el colectivo en varios frentes judiciales.
El litigio tiene su origen en mayo de aquel año, cuando siete integrantes de Apasos presentaron una denuncia por abusos sexuales contra un exfuncionario de las instalaciones, que ya ha sido condenado a tres años y diez meses de prisión. Desde ese momento, la asociación considera que el Ayuntamiento inició lo que califican de «medidas represivas con ánimo revanchista», que desembocaron en su expulsión definitiva en mayo de 2021.
El Consistorio, por su parte, siempre ha justificado esa decisión en razones muy distintas: discrepancias sobre el modo de atender a los animales, incumplimiento de normas internas y un deterioro del clima laboral que afectó a la salud de los trabajadores municipales del centro, según consta en varios informes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vitoria ya avaló la postura municipal al concluir que la expulsión no respondía a ningún ánimo de represalia, sino al ejercicio legítimo de las competencias del Gobierno local para regular el funcionamiento del CPA. Ahora, el Superior vasco confirma ese criterio.
Sin embargo, la sentencia no ha cerrado el debate entre las partes. Desde los servicios jurídicos de Apasos se defiende que, mientras no se interponga el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siguen en vigor las medidas cautelares adoptadas a principios de abril, lo que permitiría a las voluntarias continuar accediendo a la perrera.
El Ayuntamiento no comparte esa interpretación y sostiene que el fallo es definitivo e inmediatamente ejecutivo, aunque quepa recurso de casación.
La disputa, por tanto, está lejos de cerrarse del todo. Apasos ya ha anunciado su intención de llevar el asunto hasta el Supremo, lo que prolonga una batalla legal que suma ya seis años y que divide a la ciudad entre quienes defienden la labor voluntaria con los animales y quienes respaldan la autoridad del Consistorio para gestionar sus propios centros.
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