La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha cerrado sin sanción ni medida correctiva alguna la reclamación presentada contra el Ayuntamiento de Torrent por la ampliación del sistema de videovigilancia en las dependencias de la Policía Local.
La resolución pone fin a una polémica que durante meses sirvió de munición política al Partido Socialista de Torrent, que llegó a calificar el sistema de cámaras como un mecanismo de vigilancia sobre los propios agentes, con expresiones como «Gran Hermano en la Policía de Torrent».
La autoridad competente en materia de datos no ha declarado ninguna infracción, no ha ordenado retirar ni modificar las cámaras y no ha iniciado ningún procedimiento sancionador contra el consistorio.
El Ayuntamiento respondió a la AEPD aportando informes técnicos, planos, fotografías y documentación completa sobre el funcionamiento del sistema. Entre esa documentación figuraba el informe de la empresa instaladora, que certificó que las cámaras no captan audio, que las imágenes se conservan un máximo de 30 días y que el acceso está restringido a usuarios autorizados con sus propias credenciales.
Esto desmontó directamente una de las acusaciones más graves que habían circulado públicamente: la supuesta grabación de conversaciones entre agentes.
Lo que añade más peso al asunto es que el Grupo Municipal Socialista no actuó desde el desconocimiento. En junio de 2025, cuatro concejales socialistas participaron en una inspección de las instalaciones junto a responsables municipales, la Jefatura de la Policía Local y técnicos del ayuntamiento. Pudieron ver el sistema con sus propios ojos y recibir explicaciones detalladas sobre su funcionamiento.
Aun así, las acusaciones continuaron tanto en el debate político como en el espacio público, sosteniendo un relato de supuesta ilegalidad que la AEPD ha terminado por desacreditar.
Desde el Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Amparo Folgado, la resolución se recibe como un respaldo claro a su gestión y a la Jefatura policial. La concejala de Seguridad ha sido especialmente contundente, señalando que el PSOE utilizó a la Policía Local como herramienta de confrontación política, construyendo durante meses un relato que ahora queda sin ningún sustento oficial.
El caso deja una lectura clara: las cámaras eran legales, el sistema cumplía la normativa y la polémica fue, según el equipo de gobierno, política de trinchera a costa de la institución policial.
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