La Audiencia de Sevilla tiene sobre la mesa un recurso que podría reactivar la investigación judicial sobre la contratación irregular de Francisco Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Salazar, quien fuera asesor en la Presidencia del Gobierno y diputado por Sevilla en el Congreso, habría comenzado a trabajar en la administración local nazarena en 2012 sin pasar por ningún proceso público de selección.
El caso llegó a los tribunales a raíz de una querella inicial de Vox y en él también participa el PP como acusación popular. La jueza número 7 de Instrucción de Dos Hermanas acordó el pasado mes de junio cerrar la causa por prescripción del delito de prevaricación administrativa, al situar los hechos en 2012.
Sin embargo, tanto Vox como el PP han recurrido esa decisión ante la Audiencia. Los populares argumentan que el delito tiene carácter continuado, ya que Salazar no fue consolidado como empleado fijo hasta 2023, once años después de su incorporación al Consistorio. Según su criterio, el plazo de prescripción no puede contarse desde el primer contrato, sino desde el último acto que integra la conducta denunciada.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó en sus investigaciones que Salazar entró en el Ayuntamiento el 7 de julio de 2012, tras la jubilación de un empleado municipal que prestaba servicios en el Gran Hipódromo de Andalucía. Los agentes señalaron que la contratación se produjo sin convocatoria pública ni proceso selectivo ajustado a la normativa, sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad ni publicidad. El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que el acceso se gestionó a través del Servicio Andaluz de Empleo, versión que la instructora rechazó.
A lo largo de estos años, Salazar solicitó en varias ocasiones excedencias forzosas por incompatibilidad con cargos públicos. En diciembre de 2022, el Consistorio convocó un concurso de méritos para diez plazas de técnico. Salazar se presentó, quedó entre los diez primeros y firmó contrato en agosto de 2023. Poco después pidió una nueva excedencia al ser diputado en el Congreso.
Actualmente, Salazar reside en Uruguay y no ocupa su plaza en el Ayuntamiento, tras haber solicitado una excedencia voluntaria por interés particular después de abandonar sus responsabilidades políticas en medio de acusaciones por presuntos comportamientos machistas.
La Audiencia de Sevilla deberá resolver ahora si la causa debe reactivarse o si el archivo dictado por la jueza instructora queda firme.
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