La reciente gestión del Ayuntamiento de Segovia ha generado críticas al evidenciar fallos en el cumplimiento de plazos, lo que podría tener un costo significativo para los ciudadanos. El gobierno, dirigido por el alcalde José Mazarías, está bajo el escrutinio de la edil de Ciudadanos, Noemí Otero, quien ha señalado ejemplos concretos que ilustran esta situación.
Uno de los casos más relevantes es el derribo del antiguo parque de bomberos. La obra, que debería haberse completado a finales de 2025, se inició en noviembre de 2025 y aún está pendiente de finalización. Esta tardanza no solo afecta el avance del proyecto, sino que implica buscar financiación alternativa para cubrir lo que no se ejecute a tiempo.
Otero también ha alertado sobre la pérdida de parte de una subvención europea de 3,8 millones de euros destinada a mejorar espacios verdes en la ciudad. La renovación de cuatro plazas en el barrio de Nueva Segovia era uno de los proyectos más destacados. Ahora, con la denegación de prórroga por parte de la Fundación Biodiversidad, el Ayuntamiento podría no recibir los fondos completos.
Según Otero, esta situación representa una gestión ineficaz. La edil ha enfatizado que cualquier importe no cubierto por la subvención tendrá que ser asumido por los segovianos. Esto añade una carga a las cuentas municipales ya afectadas por otras penalizaciones económicas.
Además, el Ayuntamiento está vinculado al proyecto Segovia Intermodal, que incluye un puerto seco en La Costanilla. A pesar de la urgencia señalada por el pleno municipal para aportar 50.000 euros al proyecto en diciembre, el pago aún no se ha realizado. Otero considera inadmisible esta falta de acción ante un proyecto percibido como clave para el desarrollo económico de la zona.
La concejal de Ciudadanos también ha manifestado su preocupación por la falta de comunicación del alcalde en relación con los logros y desafíos de su gestión. A dos años y medio de su mandato, Mazarías aún no ha rendido cuentas públicas sobre la situación de la ciudad, lo que ha suscitado desconfianza entre los ciudadanos.
Por último, el conflicto entre la Policía Local y el gobierno municipal ha sido otro punto de crítica. Otero ha defendido las demandas de los policías, quienes han solicitado que se cumplan los acuerdos alcanzados en negociaciones anteriores. El cómputo de estas reclamaciones ha sido tratado de manipular según la edil, lo que añade tensión a la situación existente dentro de la plantilla de seguridad.
A pesar de estas preocupaciones, se esperan próximos debates en el Ayuntamiento, donde se abordarán estos y otros asuntos relacionados con la gestión municipal. Los vecinos pendientes de estos temas buscan claridad en las decisiones que afectan su vida cotidiana.