La tensión se apoderó ayer del consistorio de Albillos cuando varios abogados llamaron a la Guardia Civil durante el levantamiento de las actas previas a la ocupación de terrenos para un polémico megaparque solar impulsado por la empresa Green Capital Development III.
Los letrados que representan a propietarios contrarios a la instalación alertaron de múltiples irregularidades durante el acto, del mismo tipo que ya habían denunciado en los municipios de Buniel y Estépar. En esta ocasión, al no haber recibido respuesta escrita de la Subdelegación del Gobierno en las ocasiones anteriores, decidieron avisar directamente a los agentes para dejar constancia de lo ocurrido.
«Hemos presenciado en Albillos una gran cantidad de errores y el procedimiento no se está siguiendo. Ha empezado a haber revuelo por la falta de claridad y legalidad. Esto es muy grave», denunciaron los abogados Francisco José Manso, Ana Andrés y Pilar Esquinas.
Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de información a los propietarios sobre las consecuencias de lo que firman, la ausencia de depósito previo a la ocupación, contradicciones en la identificación de los titulares de las fincas y la vulneración de garantías de confidencialidad, ya que los propietarios eran atendidos de forma simultánea en un mismo local.
Los letrados subrayaron especialmente la situación de vulnerabilidad de muchos de los citados, personas mayores que desconocían que el siguiente paso tras firmar sería la ocupación de sus parcelas. «Ni siquiera sabe lo que está firmando», afirmaron, alertando de que se les instaba a firmar sin recibir explicación alguna ni depósito previo.
La Subdelegación del Gobierno en Burgos, por su parte, defendió que el proceso se ha desarrollado «con todas las garantías», recordando que la declaración de utilidad pública fue aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y que los propietarios disconformes pueden recurrir ante el jurado provincial de expropiaciones o, posteriormente, ante la vía contencioso-administrativa.
La empresa promotora declinó hacer cualquier tipo de declaración sobre lo sucedido.
El incidente deja al descubierto un conflicto que lleva semanas enquistado en varios municipios del entorno de Burgos y que enfrenta a vecinos y propietarios con los procedimientos de expropiación vinculados a grandes proyectos de energía solar.
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