Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid ha dado la razón al Grupo Municipal Socialista y condena al alcalde Jesús Julio Carnero a incluir en el orden del día del próximo pleno dos mociones sobre el polémico cargo conocido como el «alcalde B», iniciativas que el regidor popular había vetado en dos ocasiones anteriores.
El tribunal ha estimado el recurso presentado por el portavoz socialista, Pedro Herrero, y anula las decisiones adoptadas por el alcalde para impedir ese debate. Además, condena al consistorio al pago de las costas del proceso.
La sentencia reconoce expresamente el derecho de los grupos de la oposición a que sus iniciativas políticas sean debatidas en el pleno, y advierte que «el derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el ejercicio de funciones de representación pública».
El fallo va más allá y desmonta el argumento que esgrimió Carnero para bloquear las mociones: que el término «alcalde B» era una expresión denigrante. El juzgado lo rechaza de plano y señala que en ambas mociones quedaba identificado claramente el puesto en cuestión, el Director o Directora de Coordinación de Políticas Públicas, y que dicha expresión «no es objetivamente denigrante o peyorativa».
La resolución también concluye que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición», y califica de restricción indebida la decisión del alcalde de denegar el debate.
🍢Vota tu pincho favorito de la Feria de Día82 casetas · Top 10 en directo · tapa y bebida incluidaEn marchaHerrero recordó que el propio Tribunal Supremo ya ratificó en su día la ilegalidad de ese puesto creado por Carnero en 2023, y que su coste para las arcas municipales asciende a 627.048 euros a lo largo del mandato, unos 156.762 euros anuales.
El portavoz socialista afirmó que el alcalde ha provocado un «efecto búmeran»: al intentar borrar el asunto del pleno, ha logrado precisamente que una sentencia judicial le fuerce a celebrar el debate que quiso evitar.
La resolución no es firme todavía y el equipo de gobierno puede recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Desde el PSOE vallisoletano subrayan que lo que estaba en juego no era una cuestión de palabras, sino el derecho de todos los vecinos a que los asuntos públicos se discutan con transparencia y sin censura en las instituciones que los representan.
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