El Ayuntamiento de Ciutadella se ha quedado sin argumentos jurídicos para mantener la peatonalización de la plaza des Born. Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha desestimado el recurso que el consistorio había interpuesto contra la sentencia que dejaba sin efecto la medida, lo que obliga ahora al equipo de gobierno a reabrir el espacio al tráfico rodado.

La resolución, conocida este miércoles, pone fin a la vía judicial disponible para el Ayuntamiento. Sin más instancias a las que recurrir, el municipio deberá acatar la orden dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y permitir el retorno de los vehículos a uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico de Ciutadella.
El origen de este conflicto se remonta al pasado mes de mayo, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB estimó parcialmente el recurso de apelación presentado por un grupo de empresarios del municipio. Estos se opusieron desde el principio a la peatonalización impulsada por el consistorio y lograron que la justicia les diera la razón al considerar que las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento debían quedar sin efecto.
El fallo autonómico revocó la decisión inicial del Tribunal de Instancia de Palma, que había rechazado adoptar la medida cautelar solicitada por los empresarios. Con la nueva resolución de esta semana, el ciclo judicial queda completamente cerrado y el Ayuntamiento no dispone de más herramientas legales para sostener la peatonalización.
Fuentes municipales confirmaron la resolución y anunciaron que el equipo de gobierno comparecerá este jueves ante los medios de comunicación para ofrecer explicaciones sobre el alcance del fallo y los próximos pasos que deberá dar el consistorio.
La plaza des Born es el corazón urbano de Ciutadella y uno de los escenarios más representativos de la vida pública del municipio. La decisión de peatonalizarla generó un debate intenso entre vecinos, comerciantes y colectivos locales, con posturas muy encontradas sobre el impacto que tendría en la movilidad y en la actividad económica del entorno.
Ahora, con la justicia como árbitro definitivo, la ciudad deberá adaptarse a un escenario que muchos ya daban por superado y que vuelve a situar el debate sobre el modelo de ciudad en el centro de la agenda política local.
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