El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dado un nuevo golpe a la política turística del Ayuntamiento de València al declarar nula la moratoria que suspendió las licencias para construir nuevos hoteles en el barrio del Cabanyal-Canyamelar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado en parte el recurso presentado por una promotora y concluye que el consistorio aplicó una medida «desproporcionada» al incluir a El Cabanyal en la paralización de licencias hoteleras aprobada en enero de 2025. Según el tribunal, los datos que manejó el Ayuntamiento no acreditan la «saturación» hotelera que alegaba como justificación.
Y es que la magistrada ponente comprobó que, en todo el año 2024, únicamente se tramitó una solicitud de licencia urbanística para un hotel en el barrio marítimo, con 78 plazas. Una cifra que, a juicio del tribunal, «carece de entidad bastante para provocar una presión turística que pudiera afectar al entorno urbano del barrio».
El Ayuntamiento, por su parte, defendía que el incremento fue del 300% en el total de licencias de actividad turística, con nueve solicitudes para hoteles, hostales o apartamentos que sumaban 478 plazas, además de cientos de consultas previas de compatibilidad urbanística. El problema, según la sentencia, es que la ley urbanística autonómica solo permitía suspender cautelarmente las licencias de obras o edificación, no las de actividad ni las meras consultas previas.
La resolución no anula la moratoria en su totalidad. El tribunal sí avala la suspensión que afectaba a las viviendas de uso turístico, donde la proliferación de solicitudes quedó suficientemente demostrada: 147 licencias para apartamentos turísticos con 538 plazas en el mismo período.
El fallo tiene consecuencias prácticas importantes. Aunque la moratoria ya decayó con la aprobación de la regulación definitiva de usos turísticos, la declaración de nulidad permite que los promotores afectados puedan exigir la tramitación de los expedientes que fueron bloqueados, e incluso reclamar indemnizaciones.
Desde el consistorio anuncian que solicitarán formalmente una aclaración de sentencia, argumentando que la magistrada no tuvo en cuenta todas las licencias de actividad tramitadas para establecimientos hoteleros. En función de esa respuesta, los servicios jurídicos municipales valorarán interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Este revés se suma a una cadena de contratiempos judiciales para la regulación turística de la ciudad, que ya vio anulada parcialmente en abril la moratoria general de mayo de 2024, así como varios artículos del Plan Especial del Cabanyal aprobado por el anterior gobierno local.
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