La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha encendido las alarmas en el Consistorio vallisoletano al anunciar que su departamento ya trabaja en medidas concretas para dar marcha atrás a la decisión municipal de retirar el término «violencia de género» de los criterios de acceso a viviendas sociales del programa VIVA.
La titular de Igualdad no escatimó en dureza al valorar la medida adoptada por el Ayuntamiento de Valladolid. A través de su perfil en la red social X, Redondo acusó al Consistorio de haberse «aferrado al negacionismo de la ultraderecha» y de estar «dando la espalda a muchas mujeres que pueden tener en una vivienda la salida a una situación de violencia».
El origen del conflicto está en la sustitución del concepto «violencia de género» por el de «violencia doméstica» en los criterios que regulan el acceso a estas ayudas habitacionales. Para Redondo, se trata de algo que va mucho más allá de una simple elección de palabras.
«No es una cuestión semántica, sino que tiene consecuencias sobre los derechos de las víctimas», advirtió la ministra, quien subrayó que la ley de 2004 creó la categoría jurídica de violencia de género como aquella que sufren las mujeres por el hecho de serlo, respaldada por juzgados y fiscalías especializadas.
Según explicó Redondo, el cambio no es inocuo: utilizar el término «violencia doméstica» en lugar del reconocido legalmente puede dejar sin protección específica a mujeres víctimas, especialmente en los casos en que no conviven con su agresor.
«La violencia de género trae causa del machismo y de la cultura patriarcal, que es estructural y transversal. No es violencia común ni violencia doméstica», señaló con contundencia.
La ministra recordó que lo que está en juego es la protección específica que lograron las mujeres hace más de veinte años y que, hasta hace muy poco, contaba con un amplio consenso político y social. Para Redondo, el giro del Ayuntamiento de Valladolid supone «un intento de retroceder dos décadas en la lucha contra la violencia de género».
El aviso del Ministerio de Igualdad llega con un mensaje claro dirigido al Consistorio: «Es un retroceso que no vamos a consentir. La igualdad no se negocia».
La polémica promete tener continuidad en los próximos días, a la espera de que el Ayuntamiento de Valladolid responda a las advertencias lanzadas desde el Gobierno central.
