Nuria Rubio ha salido al paso de las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sobre las nuevas ayudas anunciadas para combatir la violencia de género en la comunidad. La representante política abulense no ha dudado en calificar de «cínico» el gesto del dirigente popular.
Rubio considera que el anuncio llega cargado de contradicciones. A su juicio, resulta difícil creer en la voluntad real del ejecutivo autonómico para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista cuando, en paralelo, se han ido desmantelando o debilitando recursos y programas de igualdad en los últimos años.
La crítica apunta directamente a la coherencia del gobierno de Mañueco. Según Rubio, no basta con anunciar partidas económicas si después no se acompañan de políticas sostenidas en el tiempo, de personal especializado suficiente y de una red de atención a las víctimas que funcione de manera real sobre el terreno, también en provincias como Ávila.
La violencia de género sigue siendo una realidad dolorosa en la ciudad y en toda la provincia. Las organizaciones que trabajan con víctimas llevan tiempo reclamando más recursos, más agilidad en los trámites de ayuda y mayor coordinación entre administraciones. En ese contexto, el anuncio de la Junta ha generado tanto expectativa como escepticismo.
Desde el entorno del Partido Popular en Ávila no tardaron en responder defendiendo la apuesta del presidente regional y subrayando que cualquier inversión en este ámbito es un paso en la dirección correcta, independientemente de las valoraciones políticas que se hagan desde la oposición.
El debate, sin embargo, va más allá del rifirrafe entre partidos. Detrás de los titulares hay mujeres que necesitan respuestas concretas, rápidas y cercanas. Y en Ávila, como en el resto de la comunidad, esa urgencia no entiende de calendarios electorales ni de estrategias de imagen.
Lo que está claro es que la violencia de género exige mucho más que anuncios. Requiere compromiso continuado, presupuesto real y voluntad política demostrada con hechos. Ese es el listón que tanto Rubio como otros sectores sociales piden que se cumpla.
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